El diputado local Ulises Gómez presentó este jueves ante los Servicios Parlamentarios de la Legislatura del Estado una iniciativa pionera en materia hídrica y ambiental que busca crear la Procuraduría de la Defensa del Agua y Medio Ambiente del Estado de Querétaro, como un organismo constitucional autónomo encargado de proteger y garantizar el derecho humano al agua potable y a un medio ambiente sano.
La propuesta incluye reformas a la Constitución Política de la entidad, modificaciones al Código Ambiental estatal y la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría.
De acuerdo con el legislador, el objetivo es dotar a la ciudadanía de mecanismos reales y efectivos para enfrentar problemáticas recurrentes como cortes injustificados de agua, cobros excesivos, contaminación de fuentes, sobreexplotación de acuíferos, abusos de autoridades y daños ambientales que vulneran derechos fundamentales.
“El agua no puede seguir viéndose únicamente como un recurso administrativo o económico. Es un derecho humano fundamental que debe garantizarse para todas y todos”.
Ulises Gómez plantea crear Procuraduría de la Defensa del Agua y Medio Ambiente en Querétaro
De concretarse la iniciativa, Querétaro contaría con el primer organismo especializado y autónomo de México dedicado exclusivamente a la defensa del derecho al recurso y al medio ambiente.
La nueva procuraduría contaría con autonomía jurídica, técnica, operativa, presupuestaria y de investigación, así como facultades vinculantes para recibir denuncias ciudadanas, investigar violaciones, promover acciones colectivas, interponer amparos, solicitar medidas cautelares y emitir resoluciones obligatorias en defensa de la población.
Entre las funciones principales, destaca la representación jurídica gratuita de ciudadanas y ciudadanos afectados ante autoridades y empresas concesionarias del servicio de agua.
Por otra parte, Ulises Gómez aclaró que la figura no sustituye ni se contrapone a la posible creación de un ombudsman del agua, sino que la complementa al otorgar herramientas jurídicas específicas y de mayor alcance. “La protección del agua y del medio ambiente debe asumirse como una obligación constitucional permanente del Estado y no solamente como una función administrativa”.
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