Trabajan plan para ayudar a deportados

Este año, van 35 queretanos deportados, de acuerdo con el presidente de la Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana, Juan Fernando Rocha Mier

Marco Estrada

Este año, van 35 queretanos deportados, de acuerdo con el presidente de la Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana, Juan Fernando Rocha Mier, quien destacó que se trabaja con diversas instancias públicas y privadas para tener un plan de atención a estas personas.

Para el activista y ex diputado local, se requiere implementar medidas para garantizar que los paisanos lleguen a su destino sin mayor problema de seguridad, pues dijo, las autoridades estadounidenses los envían a la frontera y desde ahí comienza un recorrido, en el que pueden llegar a sufrir extorsiones, dijo.

Ser deportado, además de ser un golpe emocional, representa una problemática económica, por lo que destacó que, dentro de las propuestas, se encuentra la de emular lo hecho en Guanajuato, donde se tiene un convenio con las líneas de camiones para trasladarlos hasta su lugar de origen de manera gratuita, además que el Gobierno ofrece becas laborales.

Rocha Mier destacó que se tienen pláticas con diversas instituciones con la finalidad de generar una bolsa de recursos, para aquellas personas que tengan problemas con la autoridad migratoria, además de que en la asociación civil que encabeza se les brinda atención legal.

Actualmente, hay otras 35 personas, originarias de Querétaro, que fueron aprehendidas en Texas hace casi dos meses, pero hay un litigio para evitar que sean deportados y que sigan viviendo en Estados Unidos, ahora de forma legal.

Estamos dando la batalla en Cortes de Texas para que no sean deportados. No tenemos detallados los casos de uno por uno, pero tienen familia. Desgraciadamente lo que no tienen son papeles que acrediten su estancia en Estados Unidos”, dijo.

Dentro de los temas utilizados para la defensa legal de estas personas es que no hayan cometido delitos, ni tengan detenciones policiacas previas. La mayoría de estas personas tienen entre 5 y 15 años viviendo de manera ilegal en Estados Unidos.