Buscan la justicia en un tribunal de posguerra

Una corte está sacando a la luz los crímenes cometidos en los años de conflicto armado en Colombia, en un intento de recopilar un registro que todas las partes puedan aceptar

Julie Turkewitz / The New York Times

Los testimonios son punzantes. “Me amarraron a una mata, un árbol”, dijo una víctima de la guerrilla colombiana. “Nos metían en una jaula”, dijo otra. “Duré cuatro años de secuestro”.

“Hasta ese momento, no tenía ni idea de qué eran las fosas comunes”, dijo una víctima de los militares. “Siento dolor de patria por el ejército colombiano. Porque finalmente saber que ellos, quienes eran los que estaban para cuidar las vidas de los ciudadanos, hayan sido quienes hayan segado la vida a miles de colombianos”.

Tras décadas de guerra civil, Colombia ha creado un histórico tribunal de posguerra destinado a revelar los hechos de un conflicto que definió al país durante generaciones y que se convirtió en la guerra más larga de América.

Miles de personas han testificado. Se están llevando a cabo investigaciones de gran alcance. Las primeras acusaciones se emitieron en enero, y los primeros alegatos se esperan para abril. Los autores serán castigados, y los que admitan su responsabilidad recibirán penas menores y de “justicia restaurativa”, como el arresto domiciliario o permanecer en libertad mientras realizan duros trabajos físicos. Los que se nieguen a hacerlo se enfrentarán a un juicio y a la posibilidad de pasar décadas en prisión.

El objetivo del tribunal, que comenzó su labor en 2018, es dotar al país de una narrativa común sobre el conflicto que permita a los colombianos avanzar, juntos. El éxito del tribunal, llamado Jurisdicción Especial para la Paz, podría ayudar a cambiar la trayectoria de una nación que ha estado en guerra durante gran parte de su historia, en la que un conflicto desemboca casi inmediatamente en el siguiente.

Su fracaso podría significar la repetición de ese ciclo. “Tenemos una ventana, una oportunidad generacional, de salir de la locura violenta en la cual hemos vivido toda nuestra vida”, dijo Ingrid Betancourt, excandidata presidencial que fue secuestrada y retenida por la guerrilla, a veces encadenada, durante más de seis años. “Quisiera que pudiéramos abrir esa ventana y dejar que la luz entre por ahí”.

Los conflictos más recientes de Colombia se remontan a la década de 1960, cuando un grupo rebelde de izquierda llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, lanzó una insurgencia destinada a rehacer una sociedad marcadamente desigual.

La guerra se convirtió en una compleja batalla entre los grupos guerrilleros de izquierda, los paramilitares de derecha, el ejército, los cárteles de la droga y Estados Unidos, que suministraba y asesoraba al ejército.

Durante años, la vida cotidiana de Colombia estuvo marcada por bombardeos, secuestros y asesinatos. Al menos 220 mil personas murieron y más de cinco millones fueron desplazadas. La guerra terminó en 2016, cuando las FARC y el gobierno firmaron un acuerdo de paz que incluía la creación del tribunal de posguerra.

Pero si el objetivo del tribunal es desenterrar verdades sepultadas, está claro que la búsqueda también está exhumando y exacerbando divisiones de larga data, y que el camino hacia un relato en común, si es que se puede encontrar uno, estará lleno de conflictos.

Algunos consideran que el tribunal es su mejor oportunidad para encontrar respuestas sobre los seres queridos perdidos y la mejor esperanza de paz para el país; otros están enfadados porque los asesinos y los secuestradores no recibirán penas de prisión; y otros simplemente rechazan las conclusiones del tribunal, diciendo que la institución está sesgada a favor de la antigua guerrilla