El amparo como una herramienta ciudadana: Consejo Ciudadano de Urbanismo

@ConsejoUrbanQro

Juan Carlos Bravo

Este pasado 16 de julio, se interpuso un amparo ciudadano por el incumplimiento del Congreso local para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la normatividad estatal y municipal de Querétaro. Desde 2022, esta norma federal establece principios legales e institucionales para garantizar que todas las personas, sin importar su medio de transporte, puedan moverse de forma segura, accesible y digna. La falta de armonización normativa agrava congestionamientos, riesgos viales y afecta la calidad de vida. Es decir, las omisiones legislativas generan un costo social que trasciende generaciones. Sin embargo, a más de tres años, el estado de Querétaro sigue sin adecuar su legislación.

El amparo busca que el Poder Judicial ordene al Legislativo cumplir con su obligación constitucional. Este no es un recurso común, pero sí necesario. Cuando los cauces institucionales se cierran, la ley también protege el derecho de la ciudadanía no solo de exigir su cumplimiento, sino de subrayar la urgencia de temas centrales de la calidad de vida como es la movilidad urbana.

Es momento de comprender el amparo no como un acto extremo, sino como una herramienta legítima para mejorar nuestras ciudades. En temas como el derecho a una movilidad segura y sostenible, el rezago legal puede costar vidas tanto a corto como a largo plazo.

Que este caso sirva de ejemplo: la participación ciudadana no se agota en la opinión, también puede incidir directamente en la legalidad y el bienestar colectivo.

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