La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz, aseguró que el municipio de Querétaro incumple la ley y venderá predios que fueron donados con la finalidad de pagar nómina, mantenimiento de vehículos y combustible. Anunció una iniciativa de ley para evitar la comercialización de este tipo de terrenos.
“Está haciendo esta venta porque ya se acabó el dinero. El gasto corriente, es decir, la nómina, materiales, suministros y servicios generales, de 2024 al 2025 ha incrementado mil 55 millones de pesos. En el 2026 ya no tiene dinero y por eso quiere vender los terrenos”, afirmó.
Puntualizó que el pasado 26 de mayo el Ayuntamiento de Querétaro aprobó la venta de 12 predios propiedad del municipio, supuestamente sin cumplir los requisitos que establece la ley, entre los que destaca que estos terrenos recibidos en donación por los desarrolladores inmobiliarios deben ser considerados como dominio público.
Señalan posible incumplimiento de la Ley Orgánica
Indicó que estos terrenos no pueden venderse, donarse, embargarse o transferirse a terceros, como lo refiere la Ley Orgánica del municipio de Querétaro.
Detalló que hay cuatro casos similares en el municipio de Querétaro, como cuando se revocó la donación de ocho hectáreas para la construcción de la Ciudad de las Mujeres.
Añadió que los terrenos que fueron donados, si no son utilizados para los fines que marca la normativa, se puede revocar la donación.
“Hoy tienen una oportunidad los empresarios que han donado todos los terrenos para poder hacer su desarrollo inmobiliario; pueden revocar la donación porque están incumpliendo la ley, que es para espacios recreativos. Hoy los quieren vender para fines privados, no para dominio público”, reiteró.
Iniciativas para reformar la ley
Abundó que, en todo caso, la desincorporación del dominio público para poder vender estos terrenos es facultad de la legislatura local, de acuerdo a la normativa vigente.
Por lo cual presentó dos iniciativas de ley para reformar el Código Urbano en el estado y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del Estado, con el objetivo de que las áreas recibidas en donación no puedan ser objeto de aprovechamiento privado.