Ciudadanos solicitan acción de inconstitucionalidad para Ley de Aguas

Gonzalo Flores

Un total de 30 comunidades, organizaciones y redes de la sociedad civil presentaron solicitudes formales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro para que, conforme a su facultad, interpongan acción de inconstitucionalidad frente a la Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro.

Después del análisis de la legislación por parte del equipo legal de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, se identificaron disposiciones contrarias a las obligaciones de derechos humanos e invasión de competencia federal.

Ambas instancias de Derechos Humanos, cuentan con 30 días naturales a partir de la fecha de publicación de la ley para ejercer la acción ante la Suprema Corte de Justicia.

“La voz ciudadana es fundamental para activar a las instituciones en cuyas manos y en cuya obligación está, por ley, la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Vale a pena señalar que la inacción de estas entidades podría resultar en omisión de la obligación de proteger los derechos humanos ante futuras violaciones derivadas de la aplicación de la ley”, indicaron.

Dentro de los escritos, también se solicitó tomar medidas inmediatas para erradicar la estigmatización de la protesta social que compromete el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pública.

Esta semana se cumplen seis semanas de movilización de la sociedad de Querétaro ante la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro.

Su contenido ha alertado a la comunidad ambientalista y la comunidad académica, donde destacan personas investigadoras de la UAQ, UNAM y CONACYT, fracciones parlamentarias, pueblos y comunidades urbanas, rurales e indígenas, colectivas feministas, juventudes no partidistas, organizaciones civiles y redes nacionales agua, como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Red Mexicana de Cuencas, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, y la Red Mexicana de Acción por el Agua (FANMex).

“La autoridades locales ignoraron la solicitud formal de palarmento abierto, impulsada por 30 entidades colectivas, así como la solicitud formal de veto, cuya versión en línea recabó 3 mil 239 firmas. La ley aprobada y publicada en cuatro días, es hasta hoy desconocida por buena parte de la ciudadanía”, afirman.

La acción de inconstitucionalidad es uno de los recursos legales disponibles ante la contradicción entre una norma y la Constitución.

A través de este recurso, en el pasado han podido controvertirse leyes que ponen en riesgo a los Derechos Humanos. Un ejemplo es el caso de la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por el el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018.

Según el artículo 105 de la Constitución, este recurso puede ser activado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos, así como los organismos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas.