La diputada federal, Paulina Aguado, representante de Movimiento Ciudadano, llamó a la población a estar más atentos a las iniciativas de ley enviadas por el ejecutivo, especialmente en la que quiere reformar el Poder Judicial, enfatizó la necesidad de una participación activa y vigilante de la población para garantizar que estas reformas no se implementen de manera arbitraria.
Otro de los temas que mencionó Aguado es la posibilidad de que la Guardia Nacional reciba nuevas facultades de investigación, a lo que explicó que esta propuesta ha generado inquietudes sobre el potencial abuso de poder y la militarización de funciones que tradicionalmente han estado bajo la responsabilidad de civiles.
“Es fundamental que la ciudadanía esté alerta y exija transparencia en este proceso. La historia nos ha mostrado que otorgar más poder sin un adecuado control puede llevar a violaciones de derechos humanos y a la erosión de nuestras instituciones democráticas”, declaró.
La diputada también destacó el papel crucial que ha desempeñado la ciudadanía en la defensa de instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Hemos visto cómo la participación activa de los ciudadanos ha sido determinante en la oposición a reformas que podrían tener consecuencias negativas, como las propuestas de militarización y la reforma eléctrica que pondría en riesgo nuestra soberanía energética”, afirmó.
Paulina Aguado subrayó que la movilización social ha sido una herramienta poderosa para frenar intentos de desmantelar estructuras democráticas y garantizar que se respeten los derechos fundamentales.
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Además, abordó otro tema crítico: la necesidad urgente de ajustar el salario mínimo en México. Actualmente, el salario no refleja los costos de vida, lo que genera un impacto negativo en el bienestar de millones de trabajadores.
“Es inaceptable que en un país con tanta riqueza, nuestros ciudadanos no puedan cubrir sus necesidades básicas. Un ajuste al salario mínimo es una cuestión de justicia social”, aseguró. La diputada hizo hincapié en que este ajuste debe ser parte de una discusión más amplia sobre el bienestar económico y social del país.
En este sentido, Aguado también mencionó la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Si bien esta iniciativa tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, subrayó la importancia de realizar un análisis cuidadoso para evitar efectos adversos en las empresas.
“Es vital encontrar un equilibrio que permita a los trabajadores disfrutar de mejores condiciones laborales sin comprometer la viabilidad económica de las empresas. La clave está en el diálogo y en construir consensos”, indicó.