Por su parte, un juez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su argumentación para solicitar la suspensión, plantea que, “en el proyecto de reforma que se reclama, se prevé la terminación en el encargo de los jueces de distrito, sin contemplar la posibilidad de que estos sean oídos y vencidos en juicio de manera previa al acto privativo, y además, de promulgarse el decreto respectivo, no existe la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de dicho acto”.