Y la Corte lo vuelve a hacer. Pone un tema más en la agenda nacional, abre un nuevo frente de discusión. En los últimos meses lo hizo con el asunto de la legalización de la marihuana, que en estos días ya se discute en foros convocados por los legisladores, y ahora lo hace con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, asunto del que ya se había ocupado.
Al declarar por unanimidad la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Civil de Jalisco que limitaban el matrimonio a que los contrayentes fueran de distinto sexo, la Corte no hace sino mantener el criterio que en otros juicios ha sostenido sobre el mismo tema, así como respecto el asunto de la adopción por parejas del mismo sexo.
La verdad, difícilmente podían esperar los legisladores jalicienses que el máximo tribunal mexicano convalidara su reforma legal. Cabe suponer razones políticas para reformar la ley aun sabiendo que no pasaría el test de constitucionalidad.
Desde 1994 varios son los temas resueltos por la Suprema Corte que han merecido un debate nacional. Recordamos algunos como el tema del anatocismo (capitalización de intereses), planteado por El Barzón; la llamada “Ley Robles” sobre la interrupción del embarazo en las doce primeras semanas; la inconstitucionalidad de la legislación en materia de telecomunicaciones, llamada comúnmente como “Ley Televisa”; así como el caso de la legalización de la marihuana ya comentado.
La Corte es un actor político de primera relevancia. Y contra lo que algunos suponen, su independencia se ha manifestado en sentencias que, evidentemente, no han caído bien en Palacio Nacional, ya sea que lo ocupe Zedillo, Fox, Calderón o Peña. No es un asunto de partidos.
¿Es bueno que los jueces constitucionales tengan relevancia política? Creo que, en realidad, no podría ser de otra forma. Los asuntos que se discuten en la Suprema no son temas menores. No se trata de si alguien pagó un adeudo de cinco mil pesos o si se cumplió un contrato de arrendamiento. Se trata de temas de interés nacional, de litigios en los cuales, parafraseando a José Ramón Cossío Díaz, se habla a toda la sociedad, no solamente a las partes.
Algunos de los asuntos judicializados lo son justamente porque en otras instancias se quiere evitar la discusión pública. Ya sea por considerarlos impopulares o demasiado polémicos, se apartan de un debate público esperando que el silencio y el tiempo los difuminen, pero al estar abierta la puerta de la jurisdicción, y mediante lo que ahora se llama “litigio estratégico”, se construyen y llevan de forma que se obliga a un pronunciamiento por los más altos jueces constitucionales mexicanos.
Cuando esto sucede, lo que se ha silenciado resuena con una fuerza que obliga al debate nacional, a la exposición abierta de posiciones, a fijar líneas rojas por cada una de las partes. Y a un ejercicio de política, entendida como la obtención de un acuerdo en el que ni todos ganen, ni todos pierdan.
Esa es la razón por la que creo que la actuación de nuestra Suprema Corte debe ser analizada con sumo cuidado. Hay que conocer sus sentencias, desmenuzarlas, criticarlas. Darle a los jueces la oportunidad de escuchar voces que evalúan su actuación, y a la sociedad ayudarle a entender lo que hace ese poder en apariencia tan ajeno que es el Judicial.
La Corte como actor político llegó para quedarse. Ya no cabe discutir sobre si es bueno o malo que se politice. La política y la judicatura tienen vasos comunicantes, por naturaleza propia dada la complejidad y los efectos sociales de la justicia constitucional. No cerremos los ojos a esta realidad.
Por: Luis Octavio Vado Grajales
Página: elconstitucionalista.blogspot.mx
