Cuando uno piensa en la palabra ‘abogado’, asociamos la definición con la acción litigiosa o con el menester de involucrar a los juzgados para hacer nuestro trabajo.
Lo anterior parte de una falacia; somos árbitros, conciliadores, exégetas de las disposiciones normativas, postulamos una causa y apelamos por el sentido común. Desde un inicio, las escuelas y facultades de derecho como método obligado deben enseñar con la practicidad. Como ha quedado claro, la teoría no es suficiente para el escenario real.
Ante el contexto nacional, los que ejercemos la profesión tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Para lograr el objetivo, jueces y magistrados deben coadyuvar con los abogados postulantes en tres aspectos; el primero, elevar la calidad de la argumentación jurídica y buscar otras fuentes que fortalezcan las pretensiones iniciales como resoluciones de tribunales extranjeros, precedentes enfocados al caso concreto, usos y costumbres, acuerdos internacionales ratificados por el Senado y, por supuesto, privilegiar el manejo total de la jurisprudencia emitida por nuestro sistema; ya sea la de nuestro país o la que resulte con plena competencia, por ejemplo, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto al segundo punto, desde la óptica de las instancias jurisdiccionales, considero la importancia de apegarse estrictamente a la interpretación. Dentro de una concepción rígida de la ley, es complicado llegar a la protección integral de los derechos fundamentales, por lo que la reforma constitucional del año 2011, vino a presentarnos un panorama versátil, lleno de conceptos que debemos comprender en aras de un bienestar colectivo. Sobre el último inciso que me gustaría compartir, está la necesidad de impulsar los medios alternos para la solución de controversias como prioridad.
Al individuo involucrado, lo que le interesa es la reparación del daño. Proporcionar las herramientas apropiadas para llegar a una conciliación; personal calificado, ambiente propicio, técnicas de comunicación efectiva, asesoría legal y procurando en la negociación un ganar-ganar para ambas partes, daría como resultado el no “judicializar” todo lo que, por motivos comunes, ocurre en nuestra vida diaria.
