No. No es un chiste. Imagine, estimado lector, la insensatez de un senador mexicano al argumentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se disolverá si no se acota a los principios generales del nuevo Gobierno. Se justifica vagamente en las facultades del órgano legislativo descritas en la ley y provoca la opinión de un servidor.
¡Qué diría James Madison! El contenido de nuestra carta magna tiene una lógica, una razón de ser; hay que conocer su núcleo antes de entorpecer la administración pública. Es un texto que encuentra sus raíces en la Constitución de Cádiz o la codificación napoleónica; no es un simple conjunto de normas que brindan atribuciones a los funcionarios.
Es imprescindible ratificar el impacto que tuvo la influencia extranjera, ya que, gracias a esas experiencias de subordinación, pudimos empezar a comprender el término: soberanía. Posteriormente progresó el debate con un enfoque estructural; se discutía sobre la vía apropiada para ejecutar la impartición de justicia (en tiempo pasado nublada por el juicio de la religión).
Más adelante, la delimitación de la división de poderes en donde se destaca, por ejemplo, el avance que hubo al quitarle el beneficio de la resolución de las elecciones presidenciales a los congresos locales, hasta separar de esta manera al Ejecutivo de la injerencia de los legisladores.
Es un trayecto que incorporó el respeto a la libertad de los estados de la República y la actuación de eminentes personajes de la historia como Ramos Arizpe o Valentín Gómez Farías en la construcción de un mandato legal aplicable a todo el país.
¿En dónde se perdió el concepto de autonomía? Atentar contra las instancias jurisdiccionales es un grave error en materia de gobernanza; lo preocupante, además del comentario del integrante de la Cámara Alta, yace en las incongruencias. Cómo explicar, si me lo permiten, el perfil de las candidatas al cargo de ministra de la SCJN cuando claramente subsisten vínculos con el partido político en el poder.
Considero que debe permanecer la prudencia en el actuar y la opinión. Siendo representantes populares, deben procurar las necesidades sociales de la ciudadanía y en consecuencia suprimir por completo el discurso mezquino.
