Estos actos no solo atentan contra la democracia, sino ponen en jaque la independencia de las autoridades que están por entrar a los distintos puestos de elección popular
Hugo Lora
Decir lo que queramos, juntarnos con quien comparte nuestros ideales y no ser discriminados por lo anterior son garantías que nos da nuestra Constitución, pero ¿son respetadas en México? Desgraciadamente, no.
Los periodos electorales se caracterizan por la difusión de diferentes plataformas políticas que, al final, son ideas de una persona o de un grupo con respecto a varios temas de interés social. Normalmente, estas no son iguales; de ahí, la competencia; pero estas diferencias se deben de respetar las personas que las promueven, más que las ideas. En nuestro país, el precio de pensar diferente y expresarlo puede llegar a ser nuestra posesión más preciada: la vida. La palabra ‘campaña’ también tiene una connotación bélica que aplicaría perfecto para la situación actual de nuestro país.
Según la firma de consultores Etellekt, ha habido 88 asesinatos contra políticos y candidatos durante los casi 10 meses de este periodo electoral 2020-2021, haciéndolo el segundo más violento después del año de la transición democrática en nuestro país (2000). También, las amenazas fueron el principal mecanismo de violencia con un total de 174 casos, donde más de tres cuartas partes fueron hechas a candidatas y candidatos u aspirantes por medio de mensajes de texto, llamadas o redes sociales.
Estos actos no solo atentan contra la democracia, sino ponen en jaque la independencia de las autoridades que están por entrar a los distintos puestos de elección popular y a sus equipos, pues al existir una amenaza real en contra de su integridad, es posible que accedan ante actos de corrupción o criminales de otra naturaleza.
El que estas hayan sido las segundas elecciones más violentas de lo que va del milenio nos dice mucho del Gobierno actual, no solo en cuanto a la pobre estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, sino que la división e intolerancia generada desde el Palacio Nacional tiene consecuencias graves en el funcionar social y democrático del país. El respeto y la capacidad de unificar deben de ser características indispensables de las personas que nos representan en el Gobierno, pero entendiendo que la unidad no viene del resentimiento ni del odio.
