Hugo Lora
Después del intento fallido de reforma constitucional de noviembre del año pasado, en dónde se intentaba desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora salió un nuevo conejo del sombrero oficialista.
El ya muy discutido “plan B” electoral fue aprobado el pasado 22 de febrero por el Senado de la República con 72 votos a favor y 50 en contra. Este contempla diversos cambios en la estructura organizacional del INE, recortando a más de 6 mil empleados; afecta los procesos internos de los partidos políticos; vulnera el modelo de fiscalización electoral; permite la injerencia de servidores públicos en campañas; y daña completamente el sistema político de nuestro país.
Ya se han promovido acciones de inconstitucionalidad por parte de diversos entes públicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se ha declarado una suspensión de estas reformas frente a los procesos electorales que se llevarán a cabo durante este año (Coahuila y Estado de México). Pero tenemos que entender, que, de no ser frenada por el máximo poder judicial, estas reformas podrían cambiar nuestra realidad de una manera drástica.
Los cientos de miles de mexicanos que salieron el día de ayer a marchar por la democracia de nuestro país a nivel nacional deben de ser escuchados por las 11 personas que despachan a unos metros del Palacio donde se gestó esta reforma y que, por hechos recientes, podríamos decir que su cercanía no solo es geográfica.
Estas semanas pueden ser definitorias para el devenir de nuestro país. Exijamos una democracia libre y fuerte, pues de ahí nace lo que hace avanzar a México.
