La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF)por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el FAN ID.
La resolución determinó que el organismo, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados, a través de dicho sistema, cometió dos infracciones:
No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles.
La FMF recababa fotografías de aficionados y aficionadas para generar el “FAN ID”, pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles. Dicha omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieron decidir de manera informada sobre su uso.
No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para sacar sus datos sensibles
Para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco. Es decir, que existan elementos que demuestren de manera ineludible su otorgamiento. La federación se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un portal, sin recabar firma autógrafa ni electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, indudablemente, que era el titular quien otorgaba el consentimiento.
La autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable.
El monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica del organismo rector del balompie en México, de acuerdo con la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.
A su vez, la instancia federal recalcó que la notificación de la resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.
Finalmente, indicaron que como ocurre con cualquier resolución administrativa, la federación cuenta con los medios de defensa previstos en el sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente.
En caso de que ello ocurra, advirtieron, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.
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