El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, planteó la necesidad de posponer la implementación de la oralidad en materia civil y familiar en Querétaro, ante la falta de recursos, infraestructura y condiciones operativas.
El magistrado explicó que, a nivel nacional, los tribunales han sostenido diálogos para construir un esquema de implementación con mayor gradualidad, que permita a las entidades contar con tecnología, salas de juicio oral y personal debidamente capacitado.
No han asignado recursos para implementar oralidad en materia civil y familiar
Además, señaló que, a diferencia de la reforma penal, donde se asignaron recursos federales para su puesta en marcha, actualmente los estados no han recibido financiamiento para avanzar en este nuevo modelo, lo que ha complicado su desarrollo.
“En el país, la CONATRIP, la Comisión Nacional de Tribunales, hemos estado dialogando para poder construir un escenario que nos permita una gradualidad muchísimo más espaciada para poder tener más garantías, más infraestructuras, sobre todo, pues también los estados no hemos recibido recursos federales para implementar tecnología, salas de juicio oral, capacitaciones”.
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Querétaro requeriría 400 mdp para implementar oralidad
Estimó que tan sólo en Querétaro requeriría al menos 400 millones de pesos para implementar la oralidad en su totalidad, por lo que insistió en la importancia de aplazar su entrada en vigor para evitar riesgos en la impartición de justicia.
Además, advirtió que la próxima elección de jueces prevista para 2027 ha causado incertidumbre, ya que el personal capacitado podría no permanecer en sus cargos, lo que impactaría la continuidad del sistema. Agregó que existe la posibilidad de que este proceso electoral se recorra a 2028, aunque aún no hay una definición oficial.
“La otra cuestión es que los jueces están puestos a elección en el 2027. Si ponemos oralidad, los capacitamos, también pudieran irse a una elección y no sabemos si se quedan o se van. Entonces necesita el Congreso de la Unión combinar decisiones. No sabemos, escuchamos por las noticias que hay una intención de llevar la elección al 2028, pero esto es todavía una especulación y al mismo tiempo nosotros pues tenemos una implementación que necesitamos cambiar fechas”.
Asimismo, indicó que el Poder Judicial ha trabajado con colegios, barras de abogados y magistrados en la elaboración de propuestas legislativas, con el objetivo de presentar al Congreso un calendario ajustado a la realidad operativa del estado.