Realidad, ‘muerte civil’ a funcionarios corruptos: Marco Gama

El Senado mexicano aprobó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a funcionarios y contratistas o proveedores responsables de desviar recursos públicos.

El legislador por San Luis Potosí, Marco A. Gama Basarte, celebró la aprobación del Pleno de la Cámara alta del dictamen, con lo cual se establece en México la “muerte civil” a funcionarios públicos corruptos y a proveedores o contratistas gubernamentales.

Al hablar a favor de la propuesta presentada en su momento por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), Gama Basarte sostuvo que la corrupción es uno de los principales «flagelos» del país porque agravia profundamente a la sociedad, deslegitima la autoridad del gobierno, vulnera la eficacia del orden jurídico e impone a la administración pública costos extra legales muy altos.

Precisó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que los costos derivados de los actos de corrupción en México oscilan entre el 5 y el 10 por ciento del PIB.

Además de que la Secretaría de la Función Pública reconoce que sólo en 28 de más de 110 mil casos denunciados se ha logrado una sanción definitiva o una inhabilitación, estimando el daño al erario público en más de 14 mil millones de pesos, “cifras que hoy nos ubican en el último sitio de países con mayor grado de corrupción entre los miembros de la OCDE, por debajo de naciones como Grecia y Hungría”.

El legislador potosino señaló que, a partir de la reforma aprobada, las sanciones a funcionarios corruptos incluirían la inhabilitación definitiva para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público y a los particulares se les vetaría de por vida, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, además de la reparación del daño causado.