Impiden a ex funcionarios integrarse a la iniciativa privada por 10 años

Los altos funcionarios deben esperar 10 años para integrarse a la iniciativa privada en el sector donde se desarrollaban por la información que manejan.

Los ex funcionarios que hayan ocupado cargos de nivel jerárquico superior podrán laborar en el sector privado después de 10 años de haberse desempeñado en el servicio público, debido a la información privilegiada que manejaron y para evitar conflictos de interés.

Este fue uno de los cambios aprobados por el pleno del Senado de la República, al discutir en lo particular y al aceptar una de las reservas que fueron presentadas para mejorar este dictamen de la minuta de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y reformar diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Con 60 votos a favor y 29 en contra, se regresó la minuta a la Cámara de Diputados para que analizar los cambios propuestos por los senadores, con lo que se pretende evitar cualquier acto que derive en corrupción, al incorporarse a alguna empresa con la que tuvo relación.

La reserva fue propuesta por el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, y coincidió con el planteamiento del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, para precisar que fueran servidores públicos de alto medio, pues si no se aclaraba la situación podría haber afectado en sus derechos laborales a 1.3 millones de servidores públicos.

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Lo que se modificó fue el artículo 24 de esta nueva ley, pues en el original se proponía que fueran cinco años y no se precisaba el tema de información privilegiada y confidencial, y el nivel jerárquico.

Así, dicho artículo establece: “Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de su responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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También se avaló una reserva al artículo 17 que presentó la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, donde propone que la prohibición de fideicomisos o mandatos en materias como salud, educación y procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, no será aplicable cuando dichos fideicomisoso o mandatos quedan previsto en la ley, decreto o tratado internacional.

Expuso que “bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto”.