Fue el pasado 28 de mayo cuando un juez ordenó detener a Emilio Lozoya por posibles actos de corrupción. Ese mismo mes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público por «dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos».
