México incumple la ratificación del Acuerdo de Escazú

Padece Querétaro de un urbanismo descontrolado, agua politizada y minería al aire libre

Juan Carlos Machorro

En México, el Senado de la República no ha cumplido con su obligación legislativa por no
confirmar el Acuerdo de Escazú, que se adoptó desde el de marzo del 2018.

Este documento es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos
ambientales; además, es el único instrumento jurídicamente vinculante que se deriva de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20).
Esta guía de Derecho Ambiental para Latinoamérica y el Caribe establece la obligación
concreta de sus 22 Estados para garantizar la protección de personas que defienden sus
territorios y su derecho a un medio ambiente sano.

Amelia Arreguín, directora general de la organización Eco Maxei Querétaro, A.C., señaló la
importancia de pensar más allá de la ratificación e indicó cómo la aplicación efectiva del
Acuerdo de Escazú puede ser un parteaguas para el fortalecimiento de la ciudadanía
ambiental de colectivos históricamente marginados, como mujeres y jóvenes.
Mencionó que “estamos colapsando nuestro sistema de vida, sobre extraemos recursos
naturales, hemos puesto a los ecosistemas y las especies bajo una enorme presión que incluso estamos generando una gran sexta extinción masiva”.

La ratificación del #AcuerdoDeEscazu en #México: un avance dentro de los procesos organizativos en América Latina para transparentar la toma de decisiones en materia ambiental, acceso a la información y protección a lxs defensores del ambiente pic.twitter.com/DY4WVVAz8J

— FES Transformación (@fes_tse) August 25, 2020

Indicó que la complejidad ambiental en México es enorme, un ejemplo es la existencia de
más de 800 conflictos socio-ambientales mineros en entidades como Chiapas, Oaxaca,
Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Michoacán, entre otros. Además que en Tabasco,
Chiapas y Veracruz, son constantes los incidentes por derrames petroleros.

Detalló que el Acuerdo es un instrumento sin comparación para resolver los problemas
ambientales de México y tras entrar en funcionamiento se necesita que los gobiernos adopten
sus reglamentos y se tengan políticas de protección de los derechos humanos y ambientales.

Para ser un éxito, se requiere que los delitos ambientales sean enjuiciados y pedimos que el
Senado cumpla con su deber y cumpla su papel de defensor de los más vulnerables”, dijo.

Denunció que Querétaro padecen principalmente de problemas socio-ambientales como es la
expansión urbana descontrolada, implantación de corredores industriales, aeronáuticos y
automotrices sin restricción alguna, acaparación política del agua, minería al aire libre que se
ubican en la sierra y semidesierto, afectando a muchas poblaciones locales.

En la actualidad, de los 22 países firmantes del Acuerdo; 9 lo han ratificado y se necesitan 2
naciones por aprobarlo y pueda entrar en funcionamiento.

La decisión que se encuentra en manos del Senado, para seguir avanzando en el compromiso
que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región, detalló.
Por su parte, Juan Carlos Carrillo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
indicó que “este Acuerdo es un instrumento legal vinculante, regulación con los más altos
estándares y, al mismo tiempo, contextualizados para la región latinoamericana, además de
que establece la obligación de la protección de personas que defiende al medio ambiente”.

De acuerdo a Amelia Arreguín de @EcoMaxei, la exigibilidad de los derechos, respaldados por la constitución, es una lucha a la par de Escazú. Como ejemplo las recomendaciones OIT 169 que no se han aplicado en las consultas indígenas de los proyectos de megadesarrollo en México.

— FES Transformación (@fes_tse) August 25, 2020

Aceptó que la reducción del presupuesto federal al medio ambiente, aún no empata o daña al
Acuerdo, debido a que no ha entrado en funciones. “Sin embargo, el recorte presupuestal en
la ecología será evidente en el futuro cercano”.

Escazú a la fecha solo ha sido firmado por 22 países, y tan sólo 9 países han ratificado:
Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las Granadina y Uruguay.

Finalmente, Mariana Blanco, vocera del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica
en América Latina (TSE) de la Fundación Friedrich-Ebert explicó que “América Latina y el
Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo, sin embargo, las economías
latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales, lo que está
generando una acelerada degradación de sus ecosistemas.

A este contexto se suma que América Latina es la región más peligrosa para los
ambientalistas y México es un país que desde el 2012, tiene documentado casi 500 agresiones
en contra de defensores del medio ambiente.

QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ

El pasado 4 de marzo de 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo detalla el piso mínimo que la legislación de cada país debe tener para promover y
garantizar el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de
decisiones de los proyectos que pueden afectar el medio ambiente.

Eco Maxei Querétaro, A.C., Fundación Friedrich-Ebert, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica–, el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y
Cultura Ecológica, hicieron un llamado a las y los senadores para cumplir con la
responsabilidad histórica que les corresponde en materia de derechos ambientales.