El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de una nueva estrategia de presión impulsada por el presidente Donald Trump contra el narcotráfico y sus supuestos nexos con actores políticos en México.
La información fue revelada por la agencia Reuters y confirmada por fuentes diplomáticas. Aunque solo cuatro políticos han reconocido públicamente la medida, se estima que el número real podría ser mucho mayor.
Esta ofensiva marca un precedente en el uso de la política migratoria estadounidense como herramienta diplomática y de seguridad.
“El gobierno estadounidense está encontrando nuevas formas de ejercer presión sobre México”, explicó Tony Wayne, exembajador estadounidense en México, al subrayar que el uso masivo de cancelaciones de visa no tiene precedente reciente.
La revocación se realiza sin notificación pública: basta con que Departamento de Estado de Estados Unidos invoque motivos de seguridad nacional, corrupción o vínculos con actividades ilícitas.
Cada persona afectada es informada de forma individual, sin obligación de divulgar razones específicas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que no cuenta con información oficial sobre los nombres de las personas afectadas.
“El gobierno de Estados Unidos es muy claro: se trata de información personal. Solo lo sabe la persona a la que se le retira la visa”, puntualizó.
Lista de políticos que perdieron la visa (confirmados)
Aunque la lista completa permanece reservada, varios casos han salido a la luz:
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora y coordinador de proyectos estratégicos.
Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora.
Hernán José Vega Burgos, exdelegado del INM y actual magistrado.
Consejera estatal de Morena en Jalisco (nombre no revelado).
Héctor Astudillo, exgobernador priista de Guerrero, informó que su visa estadounidense fue revocada en julio de 2025.
De acuerdo con Reuters, la medida se amplía a más líderes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sin pruebas públicas directas hasta el momento.