El gobierno de Estados Unidos dio un paso firme contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción conocida como Los Chapitos.
La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, busca frenar la producción de fentanilo que ha provocado la muerte de más de 500,000 estadounidenses, según John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Entre los sancionados destacan miembros de la familia Favela López —Victor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela— así como Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García, identificados por vínculos familiares y empresariales.
También fueron señalados César Elías López Araujo, acusado de fungir como prestanombres, y Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, quien desempeñaba un papel clave en la distribución de químicos.
Las empresas afectadas operan en sectores como químicos, laboratorios, agricultura, limpieza industrial, salud y bienes raíces, con nombres como Sumilab, Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Viosma, Prolimph, Salud y Roco.
Según la OFAC, la red operaba principalmente desde Culiacán, Sinaloa, utilizando empresas fachada para ocultar la verdadera propiedad y el destino de los precursores químicos.
Incluso tras sanciones previas en mayo de 2023, los miembros de la familia Favela López recurrieron a prestanombres para mantener el control, pero la agencia detectó que continuaron suministrando químicos a laboratorios clandestinos en México y Estados Unidos.
Conexión directa con Los Chapitos
Los líderes de la facción, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, supervisan la compra de precursores y la operación de laboratorios ilícitos.
Por ello, el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos han sido designados como organizaciones terroristas por las autoridades estadounidenses, bajo control de contraterrorismo y narcóticos.
Impacto legal y económico de las sanciones
Las medidas incluyen bloqueo de todos los bienes de los individuos y empresas sancionadas en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier transacción directa o indirecta con ciudadanos y empresas estadounidenses.
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Las violaciones pueden generar sanciones civiles o penales, afectando también a entidades financieras que operen con los designados.