El gobierno federal presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral estándar en México desde las actuales 48 horas semanales hacia una jornada de 40 horas semanales.
La transición será gradual: se prevé que en 2027 la jornada baje a 46 horas, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 horas, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
El plan contempla que en 2026 será el “periodo de transición”, para que empresas y trabajadores se preparen.
Qué garantiza la reducción a 40 horas: ningún recorte a salario ni prestaciones
La reducción de horas no implicará disminución de salario ni prestaciones.
Para evitar abusos, se plantea un registro electrónico obligatorio del horario laboral, que permitirá supervisar el cumplimiento de la ley.
Cómo quedarán las horas extraordinarias y los descansos
La reforma incluye nuevos parámetros para las horas extra: se planea aumentar el límite permitido de horas extra por semana.
Se prohíbe realizar horas extra a menores de edad.
En cuanto al descanso semanal, la iniciativa no contempla, por ahora, un segundo día obligatorio de descanso, lo que ha sido uno de los puntos más cuestionados.
Quiénes saldrían beneficiados y por qué
La medida aplicaría a gran parte de la población trabajadora formal en México bajo la regulación de la Ley Federal del Trabajo.
Según las autoridades, la reforma busca mejorar la calidad de vida, favorecer el equilibrio trabajo-vida personal, aumentar la productividad y contribuir al bienestar general.
Calendario estimado de implementación de jornada de 40 horas
2026: 48 horas (transición)
2027: 46 horas
2028: 44 horas
2029: 42 horas
2030: 40 horas
Qué sigue y qué tener en cuenta
La reforma debe aprobarse primero en el Congreso de la Unión (Senado y Cámara de Diputados), con cambios en el artículo constitucional correspondiente.
Luego cada estado deberá adecuar su legislación local si así lo requiere; las empresas deberán ajustar turnos, horarios y posiblemente sus modelos operativos.
El éxito del cambio dependerá de un monitoreo efectivo del registro de horas, cumplimiento de normas y un diálogo permanente entre gobierno, sindicatos y empleadores.
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