Víctimas del Tren Interoceánico denuncian ante la FGR

A casi dos semanas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre, un grupo de personas lesionadas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversas empresas constructoras y quien resulte responsable.

La acción legal fue confirmada por el despacho Vega, MacGregor Arellano, representante de las víctimas.

El objetivo central, explicaron los abogados, es que la autoridad federal investigue a fondo las causas del accidente, determine si existe responsabilidad penal y, en su caso, establezca la reparación del daño conforme a los dictámenes oficiales.

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Qué buscan los afectados

La denuncia no señala, por ahora, a un responsable específico. Se trata de una solicitud formal de investigación para esclarecer qué falló y quiénes intervinieron en las obras vinculadas al proyecto ferroviario.

“Lo que la familia busca es saber qué fue lo que ocurrió. Si hay responsabilidad, que se investigue y se dé con el responsable; y si no la hay, que también se establezca”, explicó uno de los abogados del caso.

La defensa subrayó que corresponde a la FGR definir si los hechos constituyen un delito y, de ser así, fijar las medidas de reparación a favor de las víctimas.

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Empresas señaladas y base documental

La denuncia fue presentada contra diversas empresas relacionadas con trabajos de rehabilitación, supervisión y construcción del proyecto.

Los representantes legales aclararon que los señalamientos no son arbitrarios, sino que se sustentan en informes públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“No es un tema político ni una acusación al aire; es información que la propia Auditoría ha documentado”, precisaron.

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Estado de salud de los lesionados

Actualmente, las personas afectadas continúan bajo supervisión médica. De acuerdo con la defensa, el caso que más preocupa es el de un menor de edad con afectación pulmonar, cuyo seguimiento clínico es prioritario.

El padre del menor, quien también resultó lesionado, ha podido rendir declaraciones públicas debido a que su estado de salud le permite mayor movilidad.

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Ejercicio de derechos, no confrontación

Los abogados reconocieron que las víctimas han recibido acompañamiento institucional por parte de instancias gubernamentales, lo cual ha sido reconocido por uno de los afectados.

No obstante, insistieron en que la denuncia responde al derecho de las víctimas a participar en la investigación y a conocer la verdad.

“Esto no es confrontación ni inconformidad política; es el ejercicio legítimo de un derecho para que los hechos se esclarezcan”, concluyeron.