Nueva Ley de Feminicidio: sanciones de 70 años de cárcel y pérdida de patria potestad
Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy presentan la iniciativa para homologar la investigación del feminicidio en todo el país. Foto: Cuartoscuro
La presidenta Claudia Sheinbaum y fiscal general Ernestina Godoy impulsan una ley general que endurece penas, homologa investigaciones y garantiza justicia para víctimas directas e indirectas
La fiscal general Ernestina Godoy presentó la propuesta de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio, que será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado. El objetivo: unificar criterios en todo el país, fortalecer las investigaciones y garantizar justicia sin distinciones.
Claudia Sheinbaum fue clara: “Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el primer momento”.
La mandataria insistió en que no puede haber dudas ni retrasos en la activación de los protocolos.
Un marco jurídico que reconoce la violencia estructural
Godoy explicó que la reforma se sustenta en el artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso a expedir una ley general que establezca el tipo penal, sus sanciones y los protocolos obligatorios.
El feminicidio, subrayó, debe entenderse como una violación grave de derechos humanos que exige respuestas integrales del Estado mexicano.
La propuesta reconoce nueve razones de género —desde signos de violencia sexual hasta relaciones de poder y exposición del cuerpo— y establece 21 agravantes, que incluyen que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, tenga discapacidad o que el crimen ocurra frente a sus hijas o hijos.
Sanciones más severas y justicia para víctimas indirectas
Además de endurecer las penas, la iniciativa compromete a fiscalías y procuradurías a evitar retrasos: investigaciones continuadas, equipos especializados certificados y personal capacitado en perspectiva de género, análisis de contexto, preservación de indicios y atención a víctimas.
La ley establece que el feminicidio se investigará de oficio y que sus sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles. También incorpora una medida histórica: el agresor perderá derechos sucesorios, la patria potestad, tutela y custodia, así como cualquier beneficio legal vinculado con víctimas directas e indirectas.