Gobernadora de Chihuahua se niega a comparecer en el Senado; Fiscalía estatal niega intervención extranjera
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante el anunció de la creación de la Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril, a cargo de la fiscal Wendy Chávez. Foto: Especial
Gobernadora de Chihuahua rechaza comparecer por investigación; Fiscalía descarta operación extranjera, pero persisten dudas sobre el caso
La decisión de no acudir al Senado no cerró el caso: lo tensó. Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, optó por guardar distancia para no afectar las investigaciones, la Fiscalía estatal salió a fijar postura sobre uno de los puntos más delicados: la presencia de ciudadanos extranjeros en un operativo antidrogas.
Entre la cautela política y la narrativa institucional, el caso sigue abierto. Lo que se discute ya no es solo un accidente o un operativo, sino los límites de la legalidad en la cooperación internacional.
María Eugenia Campos Galván declinó comparecer ante el Senado de la República, donde había sido convocada por comisiones legislativas para explicar los hechos.
En un oficio enviado a la Mesa Directiva, la mandataria argumentó que su decisión busca no comprometer las investigaciones, evitar la difusión de información sensible y garantizar el adecuado manejo del caso.
La reunión, prevista para el 28 de abril, contaba con respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas. Sin embargo, la ausencia dejó sin respuesta pública inmediata las principales interrogantes.
En paralelo, la Unidad Especializada que investiga el caso, encabezada por Wendy Chávez Villanueva, ofreció avances que matizan la narrativa inicial.
De acuerdo con la fiscal, no existen indicios de que los ciudadanos extranjeros hayan participado en la planeación o ejecución del operativo contra el narcolaboratorio en El Pinal.
Los testimonios recabados coinciden en que los individuos viajaban sin armas, sin insignias y vestidos de civil. Tampoco asistieron a reuniones estratégicas ni interactuaron con mandos militares.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoce un punto crítico: la integración de estas personas al convoy no fue reportada ni autorizada por instancias superiores.
Desde la salida del operativo en la ciudad de Chihuahua,cuatro extranjeros se sumaron al grupo encabezado por el director de la Agencia Estatal de Investigación, viajando en sus vehículos oficiales.
La investigación se centra ahora en determinar quién permitió su incorporación y bajo qué circunstancias ocurrió.
El caso tomó mayor relevancia tras el accidente ocurrido el 19 de abril, en el que murieron dos de estos ciudadanos extranjeros, el director de la Agencia Estatal de Investigación y un escolta.
Las nuevas indagatorias contradicen versiones iniciales que sugerían que los extranjeros habían sido encontrados de manera casual. Hoy, los testimonios apuntan a que estuvieron presentes desde el inicio del operativo.
Senado presiona, dudas persisten
Aunque la gobernadora no estaba obligada a comparecer, su ausencia mantiene abiertas preguntas clave: si hubo coordinación con agencias extranjeras, por qué no se notificó a autoridades federales y si se violó la Ley de Seguridad Nacional.
El Senado, por ahora, permanece a la espera de resultados formales.
La Fiscalía General de la República ya interviene en el caso, mientras el gobierno estatal asegura colaboración y afirma haber compartido información relevante.
Además, se solicitó al gobierno de Estados Unidos datos sobre la identidad y posible vínculo institucional de los extranjeros involucrados.
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EL DATO
La postura oficial descarta una participación operativa extranjera, pero no explica completamente su presencia. Entre prudencia política y vacíos de información, el caso Chihuahua se mantiene abierto. La investigación definirá si se trató de una irregularidad administrativa o de una falla mayor en los controles institucionales.