Un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua escaló a una investigación de alto nivel. La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a cerca de 50 funcionarios estatales tras detectar la posible participación de agentes extranjeros, presuntamente vinculados con la CIA, en acciones de seguridad dentro del país.
El caso encendió alertas por implicaciones en materia de soberanía y legalidad. La FGR busca determinar si hubo autorización formal para la intervención de estos agentes y si su presencia se ajustó al marco jurídico mexicano.
El fiscal especial Ulises Lara López confirmó que se revisan las acreditaciones, permisos y condiciones legales bajo las cuales operaron los presuntos agentes extranjeros. También se investiga si autoridades del gobierno estatal tenían conocimiento previo de su participación.
La Fiscalía advirtió que, de comprobarse irregularidades o delitos en materia de seguridad nacional, se procederá con sanciones conforme a la ley. La indagatoria incluye la recopilación de pruebas para esclarecer responsabilidades tanto de funcionarios mexicanos como de posibles actores internacionales.
El operativo que detonó el caso ocurrió el 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, donde se localizó un laboratorio clandestino de drogas.
Sin embargo, tras la intervención se registró un accidente carretero en el que murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses.
Este hecho expuso la presencia de personal extranjero en el operativo, lo que abrió una línea de investigación paralela sobre cooperación internacional no autorizada.
Mientras la FGR insiste en que es la única instancia con facultades para investigar estos hechos, el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, anunció la creación de una comisión local para revisar lo ocurrido.
La postura ha generado tensiones institucionales, ya que la Fiscalía federal subraya que cualquier indagatoria relacionada con seguridad nacional debe estar bajo su control.
Desde el 29 de abril, la FGR mantiene abiertas dos carpetas:una centrada en el narcolaboratorio desmantelado y otra enfocada en la posible intervención de agentes de la CIA en territorio mexicano.
El caso también tuvo consecuencias políticas. El entonces fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, renunció días después de que se hiciera pública la información.
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EL DATO
Más allá del operativo, la investigación plantea preguntas clave sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. La presencia de agentes extranjeros sin claridad legal podría derivar en un conflicto diplomático si se confirman irregularidades.