Claudia Sheinbaum impulsa ley para unificar castigo al feminicidio tras caso Renata Palmer

El nombre de Renata Palmer volvió a colocar sobre la mesa una de las discusiones más sensibles y urgentes en México: cómo se investigan los feminicidios y por qué muchos terminan reclasificados como homicidios o incluso suicidios.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país se dirige hacia una transformación legal que busca acabar con esas inconsistencias y evitar que los crímenes de odio contra mujeres queden impunes.

El caso ocurrió en el Estado de México y ha generado indignación nacional. La familia de Renata denunció que, pese a las circunstancias violentas de su muerte, las autoridades habrían modificado la clasificación inicial del delito, pasando de feminicidio a homicidio.

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La situación tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que el presunto agresor sería un influencer conocido como “Güero Nero” y que el ataque ocurrió frente a la hija de la víctima.

Una nueva ley para un mismo criterio

Claudia Sheinbaum explicó que actualmente cada estado investiga y sanciona los delitos del fuero común bajo sus propias reglas, lo que provoca diferencias importantes en los procesos judiciales.

Frente a ese panorama, adelantó que la reciente reforma constitucional permitirá crear una Ley General de Feminicidio para homologar criterios en todo el país.

La intención, dijo, es que las 32 entidades investiguen este delito bajo los mismos protocolos y apliquen sanciones equivalentes, evitando vacíos legales o interpretaciones distintas que terminen debilitando las investigaciones.

“Nuestro objetivo es que ninguna mujer que haya vivido violencia hasta el límite de su asesinato por ser mujer, tenga un caso donde se acuse por suicidio o cualquier otra razón”, expresó la mandataria.

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El feminicidio, más allá del homicidio

La presidenta insistió en que el feminicidio tiene una característica específica: ocurre cuando una mujer es asesinada por razones de género, motivado por odio, violencia o discriminación.

Esa diferencia, explicó, obliga a que las fiscalías investiguen con perspectiva de género y no minimicen elementos clave.

La nueva legislación, actualmente desarrollada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de las Mujeres, busca obligar a las fiscalías estatales a seguir lineamientos estrictos para impedir reclasificaciones injustificadas.

EL DATO

Organizaciones civiles y colectivos feministas han señalado durante años deficiencias en las investigaciones, revictimización y falta de acceso a la justicia para las familias.