En un gesto inédito de humanidad y justicia, el Gobierno de Costa Rica anunció que otorgará permisos temporales por tres meses a migrantes deportados por Estados Unidos, quienes se encuentran en condición vulnerable tras ser confinados en un campamento improvisado en la frontera con Panamá.
La medida surge luego de una denuncia ante la ONU que exhibe la grave situación de al menos 81 menores retenidos sin acceso a educación, servicios psicológicos ni vías legales.
El campamento, una antigua fábrica habilitada como refugio, albergaba a más de 200 personas originarias de países en crisis como Afganistán, Rusia, China, India y Pakistán.
Los permisos serán entregados por razones humanitarias, permitiéndoles desplazarse libremente por el país mientras buscan asilo o soluciones migratorias.
Aunque aún se desconoce el número exacto de beneficiarios, se espera que los menores estén entre los primeros en recibir esta protección.
Celebran acuerdo
Silvia Serna Román, abogada del Consejo de Litigios Estratégicos Globales, celebró esta decisión pero advirtió que sigue habiendo desafíos: “No se les permite trabajar. ¿Cómo sobrevives si tienes hijos y no puedes generar ingresos?”.
La situación expone la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que intensificó deportaciones y dejó a estas familias varadas en el istmo centroamericano, sin documentos y con miedo de regresar a sus países de origen.
Panamá, en una acción similar semanas atrás, liberó a migrantes, pero muchos terminaron abandonados en las calles de la Ciudad de Panamá.
Aunque Costa Rica ha dado un paso hacia la protección de derechos humanos, expertos insisten en la urgencia de medidas integrales que garanticen una estancia digna y segura a los migrantes deportados por Estados Unidos.
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La comunidad internacional, especialmente organismos de derechos humanos, mantiene su atención sobre este caso que refleja una migración cada vez más compleja y deshumanizada.