La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno federal a reanudar las redadas contra migrantes en Los Ángeles y el sur de California, levantando la suspensión que impedía a la policía de inmigración (ICE) realizar operativos.
Con mayoría conservadora, el máximo tribunal decidió que los arrestos podrán ejecutarse hasta que la Corte de Apelaciones emita un fallo definitivo o la propia Suprema Corte intervenga de nuevo.
El regreso de estas redadas marca un giro decisivo en la política migratoria, reactivando la tensión entre las autoridades federales y las comunidades latinas, que denuncian un ambiente de persecución.
La jueza progresista Sonia Sotomayor, la primera latina en la Corte, expresó su rechazo tajante:
“No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”.
Para Sotomayor, esta decisión crea una especie de “ciudadanía de segunda clase” que impacta de manera directa a millones de inmigrantes y sus familias en Estados Unidos.
Redadas bloqueadas desde julio
Las operaciones habían sido suspendidas en julio de 2025, cuando un tribunal federal —respaldado después por una corte de apelaciones en agosto— prohibió a ICE realizar detenciones bajo criterios considerados discriminatorios:
Estar en lugares asociados a mano de obra inmigrante, como paradas de autobús, lavaderos de autos o campos agrícolas.
Hablar español o inglés con acento extranjero.
Tener una apariencia física asociada a una minoría étnica.
Los jueces de primera instancia consideraron que esas prácticas violaban la Cuarta Enmienda, que protege contra arrestos y registros arbitrarios sin “sospecha razonable”.
Un punto de conflicto social y político
Desde junio, las redadas en espacios de trabajo migrante han detonado manifestaciones masivas en Los Ángeles, que incluso derivaron en episodios de violencia. Ante la escalada, el presidente Donald Trump llegó a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha calificado estas políticas como “contraproducentes e inhumanas”.
Mientras tanto, el Gobierno federal insiste en que la migración irregular genera costos públicos elevados y riesgos para la seguridad nacional.
Los datos revelan la complejidad del debate. Según el Departamento de Agricultura de Estado Unidos, en 2022 el 42% de los trabajadores agrícolas no contaba con autorización laboral, lo que refleja la enorme dependencia del país hacia la mano de obra migrante.
Con esta decisión judicial, Los Ángeles se prepara para una nueva etapa de tensión entre las políticas federales y la realidad de millones de familias latinas que sostienen buena parte de la economía local.