La seguridad pública en Brasil quedó nuevamente bajo escrutinio tras una megaoperación policial en favelas de Río de Janeiro contra integrantes del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas del país.
El balance oficial se elevó a 132 muertos, entre ellos cuatro policías, convirtiéndose en la operación más letal en la historia del país.
Autoridades confirmaron la participación de 2,500 agentes que ingresaron a zonas dominadas por el crimen organizado, donde enfrentaron ataques armados y explosivos lanzados desde drones. El número de detenidos aumentó a 113, junto con el decomiso de al menos 90 fusiles.
Durante la noche, pobladores recorrieron senderos y calles para recuperar cadáveres ocultos entre la maleza.
Al menos 70 cuerpos fueron hallados fuera del conteo oficial inicial. Los cadáveres fueron colocados en una plaza de Vila Cruzeiro para facilitar su identificación.
Habitantes reportan que más cuerpos siguen sin ser recuperados, lo que podría elevar aún más la cifra.
Río de Janeiro amaneció con calles vacías, comercios cerrados y tráfico prácticamente nulo. La jornada anterior estuvo marcada por fuego cruzado y barricadas que bloquearon vías principales. Quienes pudieron, optaron por no salir de casa.
La favela intervenida es considerada centro operativo del Comando Vermelho, rival directo del Primer Comando de la Capital (PCC), surgido tras la masacre de Carandiru en 1992.
Tensión política y reclamos al gobierno federal
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva regresó de un viaje oficial para reunirse con su gabinete y analizar la crisis.
El gobernador de Río, Claudio Castro, acusó falta de apoyo federaly calificó a los criminales como “narcoterroristas”, postura respaldada por figuras cercanas al bolsonarismo.
Senadores han llegado incluso a sugerir intervenciones estadounidenses contra presuntas rutas de narcotráfico marítimo, sin presentar pruebas.
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Violencia sin control
Mientras la policía se retiró parcialmente al anochecer, los tiroteos continuaron en las callejuelas.
Residentes temen nuevos enfrentamientos, mientras organismos de derechos humanos exigen transparencia y protocolos adecuados.