La decisión de la agencia calificadora Standard & Poor’s de cambiar de estable a negativa la perspectiva de la nota crediticia de México no es un golpe demoledor a las finanzas del país o al orgullo nacional pero sí es un dato central y desalentador. Lo más interesante es el párrafo central en el comunicado de S&P sobre los riesgos y dificultades para la economía mexicana en las semanas y meses venideros.
S&P dice que “la debilidad en la gobernabilidad, que en parte reflejan un débil Estado de derecho y percepciones de corrupción, limitan el beneficio de las reformas, especialmente limitando las inversiones” en México. En esas condiciones la economía difícilmente puede crecer, y de no crecer, las empresas mexicanas que se cotizan en la bolsa de NY o el papel mexicano que se emite en los mercados internacionales, pueden encerrar un riesgo ligeramente superior que antes.
El tema esencial aquí es algo que hemos repetido en estas páginas y que muchos colegas han reiterado. Las violaciones a los derechos humanos, los escándalos de corrupción y la falta de seguridad jurídica, sobre todo para las propiedades, es decir, para las inversiones, los contratos, las transacciones, no es sólo un reto abstracto académico, sino que tiene repercusiones muy directas para la sociedad mexicana. Reitero lo que varios ya han dicho: México crece en promedio un 2.5% anual, con una tasa de inversión sobre PIB de aproximadamente 20-21%. Para crecer al 4.5-5%, todo parece indicar que además de otras cosas, tendríamos que invertir a 26 o 27% al año. Esa inversión adicional, dada la astringencia de las finanzas públicas, sólo puede proceder del sector privado, nacional o extranjero. Y como el sector privado mexicano también tiene grandes reticencias para invertir en el país, y cada vez más orienta sus actividades hacia el exterior una parte importante de ese incremento en la inversión privada tendrá que venir de fuera.
Sin embargo, para que venga de fuera, tienen que estar tranquilos los inversionistas potenciales de que efectivamente hay seguridad jurídica para sus transacciones en México. Deben confiar que hay límites a la corrupción, que las violaciones a los derechos humanos no terminan por afectarlos también a ellos en su seguridad personal. Y deben creer que el Estado de derecho en su conjunto funciona para empresas que no tienen los recursos de las compañías gigantescas que están presentes en México desde hace más de un siglo.
En otras palabras; Estado de derecho = a mayor inversión, = a mayor empleo = a mayores salarios. Contra esa ecuación no hay mucho que hacer. Tomando en cuenta que en los últimos quince años la inversión extranjera directa en proporción del PIB se ha mantenido en 2%, el reto es obvio: duplicarla en el mediano plazo. Conocemos las condiciones indispensables para lograrlo: Seguridad jurídica, seguridad jurídica, seguridad jurídica. Menos corrupción, menos corrupción, menos corrupción, y respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos.
En mi artículo de mañana daré un ejemplo concreto de las dificultades a las que me refiero.
Por: Jorge G. Castañeda
