El 15 de octubre, domingo, con un año de atraso, se van a efectuar las elecciones para elegir a los nuevos gobernadores de provincia de Venezuela, en medio de una gran incertidumbre, porque parece que el gobierno de Nicolás Maduro logró con el aplazamiento mitigar el impulso de la oposición representada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que tenía como único objetivo sacar al mandatario del poder.
Maduro, con una baja popularidad, aprovechó que controla el Consejo Nacional Electoral (CNE) para aplazarlas, luego las reprogramó para diciembre del presente año y repentinamente las cambió de fecha por los nexos que tiene con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo que también controla.
La oposición le apuesta a la situación crítica que vive el país, como son el bajo poder adquisitivo de la moneda, la inseguridad y la falta de empleo para tomarse el poder regional por medio del voto.
En las últimas horas, tres hechos ayudan a aumentar la tensión que se vive en el vecino país y la frontera. La primera, la declaración del defensor de los derechos humanos Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien afirmó que la frontera que está en manos de la criminalidad, por los 11 tiroteos que se han presentado en los últimos tres meses en la línea divisoria entre Norte de Santander, jurisdicción del municipio de Villa del Rosario, y de San Antonio, en el estado Táchira, Venezuela, donde las autoridades han guardado silencio.
A renglón seguido, el general Gustavo Moreno, comandante de la región 5 de la policía colombiana, denunció la presencia de colectivos armados afectos al oficialismo en la frontera colombo-venezolana, como responsable de los tiroteos. La tercera, la decisión del presidente Maduro de despojar de la cédula venezolana a los colombianos residentes en su país, que incluye a los naturales con más de 30 años de vivir en territorio venezolano y que seguramente ayudaron al chavismo a asumir el poder. ¿Miedo a qué voten en su contra o una cortina de humo distractoria?