Fepade, controversia en la procuración de justicia

En el año 1748, Montesquieu publica un postulado que lo llevaría a la cumbre del pensamiento político del siglo XVIII: El Espíritu de las Leyes. Analiza la división de poderes y la relación de la norma con la sociedad misma. Dentro de una de sus reflexiones, yace lo siguiente: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Lo anterior se relaciona con la remoción del Dr. Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en donde se pretende usar las facultades de la Procuraduría General de la República para destituir al Fiscal que alzó la voz ante uno de los casos más controvertidos sobre corrupción: Odebrecht. Recordemos que la empresa brasileña declaró tener nexos con Emilio Lozoya, en ese entonces uno de los coordinadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y quien se presume, recibió recursos de procedencia ilícita, antes de la campaña y posterior a ella. Ganada la elección, Lozoya es nombrado Director General de Petróleos Mexicanos, situación que permitió seguir celebrando contratos entre Odebrecht y PEMEX; lo anterior se materializó en una carpeta de investigación por parte de la FEPADE, generando la destitución del Fiscal. “Han concluido las investigaciones sobre el caso Odebrecht” aseguraba Raúl Cervantes, Ex Procurador General de la República. Vaya que sí. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la PGR, en caso de ausencia del Procurador, se dirime la responsabilidad a alguno de los subprocuradores, por ello, tras la renuncia de Raúl Cervantes, asumió la titularidad provisional Alberto Elías Beltrán (quien destituyó a Santiago Nieto). Ergo, habría que observar si el Senado ejerce su derecho a objetar dicha remoción, bajo lo previsto en el artículo décimo octavo de los transitorios de nuestra Constitución. Lo que deben tener en cuenta nuestros legisladores es el descontento social que recae sobre el mal manejo de las instituciones. La decisión tomada no fortalece al estado de derecho, provoca mayor incertidumbre hacia nuestros órganos de gobierno. Deben refrendar su compromiso con la legalidad restituyendo al titular de la FEPADE.