Vivienda con intereses

El Banco Mundial señala que, desde hace 65 años, la población urbana en América Latina ha incrementado de 40 a 80 por ciento, proceso detonante en la demanda de viviendas.

En 2001, el Gobierno mexicano implementó las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Vivienda, en el que también se propuso dotar vivienda “asequible” para población de bajos ingresos; y en asociación con desarrolladores privados, inversionistas, fundaciones y empresas financieras de Wall Street se invirtieron miles de millones de dólares en otorgar créditos -de donde obtuvieron ganancias millonarias- a más o menos 7 millones de casas en 12 años.

Estos desarrollos según documentación de Richard Marosi (2017), construidos sobre suelos de cultivo y no aptos para construcción, no han cumplido su misión en dar calidad de vida, ya que carecen de espacios dignos, servicios y mantenimiento. Algunos presentan inundaciones y otros carecen de servicios como agua, luz, infraestructura, y accesibilidad a la ciudad. Muchas de las empresas constructoras -negligentes y corruptas- se declararon en bancarrota en 2014, dejando a las personas con deudas bancarias, que cada mes aumentan con casas que han perdido el valor, y por lo cual les descuentan cerca de 25 por ciento del salario. Lo más increíble es que constructoras a nivel nacional no comentan sobre estos desarrollos; se dice que son más de 50 en lugares como Veracruz, Tijuana, Estado de México, Ensenada y más.

Existen muchos desarrollos que no terminaron su entrega formal al municipio, algunos se regularizaron y hoy se mantienen por cuotas de mantenimiento (fórmula que desde entonces han copiado otros tipos de desarrollos).

Otros han sido abandonados. Asequible, según la academia, significa que puede alcanzarse y comprarse, no de mala calidad o impagable. Como desarrollador se necesita ética, y calidad garantizada para no lucrar con la pobreza ni construir desarrollos encaminados al fracaso; contribuyamos junto con gobiernos firmes, honestos, comprometidos con la dotación de servicios y verificación de los usos de suelos.