El exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Óscar Pérez, murió el 15 de enero en un escondite de El Junquito, zona residencial montañosa, ubicada en las afueras de Caracas, por las fuerzas de seguridad en medio de un uso desmedido de fuerza, trato que no ocurre con la delincuencia que azota al país liberado por Simón Bolívar.

Este hecho dejó en la mente de los habitantes de Venezuela una inquietud. ¿Por qué tanta fuerza? Pérez era considerado, con bastante razón, terrorista por el presidente Nicolás Maduro, quien desde el 27 de junio de 2017, junto a miembros del grupo de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), sobrevoló y lanzó granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, y disparó contra el ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.

Durante el asedio en el que se produjo la muerte, Óscar Pérez dio a conocer a través de videos que las fuerzas de seguridad querían matarlo, lo que al final ocurrió. En lugar de dejarlo con vida, queda la sensación de que él sabía algo que tenía un alto valor para el estamento militar, por lo tanto había que liquidarlo, a como diera lugar.

El diputado a la Asamblea Nacional, Simón Bolívar, condenó el operativo y lo calificó de “criminal” y de “violación a los derechos humanos y tratados internacionales”, porque Pérez y las personas que lo acompañaban se querían entregar. Todo esto ocurrió en momentos en que el Gobierno y la oposición discuten en República Dominicana una solución a la crisis que vive el país sudamericano.

Pero las conclusiones negras apenas comienzan. El director para Latinoamérica de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que Venezuela genera noticias similares a las que producían en su momento las dictaduras de Argentina y Chile, donde se volvió normal informar sobre terroristas muertos en enfrentamientos, cuando por lo general se trataban de ajusticiamientos. Lo que deja implícito que hay algo que no está claro y a su vez oscuro.