Las elecciones intermedias fueron, en gran medida, un referendo para la Ley de Atención Médica Asequible; la atención médica, no Donald Trump, dominó la campaña demócrata. Fueron los electores quienes pronunciaron un veredicto claro: quieren que continúen los logros de Obamacare, la forma en que expandió la cobertura a casi 20 millones de personas que de otro modo no habrían estado aseguradas.
Sin embargo, el viernes Reed O’Connor, un juez que se denomina republicano conocido por usar el poder judicial “como arma”, declaró que la Ley de Atención Médica Asequible en su totalidad –la protección de enfermedades preexistentes, los subsidios para ayudar a las familias a costear la cobertura y la expansión médica– era inconstitucional. Los expertos jurídicos de derecha e izquierda menospreciaron su razonamiento y describieron su dictamen como “activismo político puro”. Probablemente ese dictamen no sea sustentado por tribunales superiores.
No obstante, no podemos tener plena seguridad de que este sabotaje se revertirá. El abuso de poder de O’Connor puede ser inusualmente descarnado, pero ese tipo de comportamiento se está volviendo cada vez más común. No solo se da en materia de la atención médica ni tampoco en los tribunales. Lo que Nancy Pelosi denominó el “monstruoso desenlace” de la agresión de los republicanos hacia los servicios médicos es apenas el primer atisbo de un ataque desde múltiples frentes, a medida que el Partido Republicano trata de anular la voluntad de los electores y socavar la democracia en general.
Aunque nos podamos congratular de la fortaleza de nuestras instituciones políticas, a fin de cuentas están compuestas de gente. Es así que las instituciones cumplen su cometido siempre y cuando la gente en ellas respete su propósito deseado. El Estado de derecho depende no solo de lo que está consignado, sino también del comportamiento de aquellos que interpretan y hacen cumplir ese derecho.
Si estas personas no se ven a sí mismas primero como servidores de la ley y luego como partidistas, si no subordinan sus metas políticas a su deber de mantener el sistema, las leyes pierden propósito y solo importa el poder.
Lo que estamos viendo en Estados Unidos –que en realidad hemos estado viendo desde hace años, si bien buena parte de los medios noticiosos y la clase política dirigente se ha negado a reconocerlo– es la invasión de nuestras instituciones por parte de partidistas de derecha que son leales al partido, no a los principios. Esta invasión está corroyendo a la república y esa corrosión ya está muy avanzada.