Año nuevo, metas definidas y sin duda una agenda pública que debe abarcar los temas que quedaron inconclusos en el 2018. En esta ocasión, me gustaría enfatizar la relevancia de la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); instancia que opera al momento de que un estado miembro del Pacto de San José, vulnera derechos fundamentales y se agotan los recursos legales en dichas soberanías.
El estado mexicano como uno de los países que celebró este acuerdo, no puede hacer caso omiso de lo que este tribunal centroamericano demande en cuanto a la reparación del daño; en el supuesto de que nos consideren culpables, debemos acatar sus determinaciones.
El día 20 de diciembre, la CIDH notificó la sentencia definitiva sobre el caso Alvarado Espinoza vs México en donde comprobaron la culpabilidad en cuanto a desaparición forzada en el marco de labores de seguridad ciudadana; añadiendo el constante señalamiento respecto a la negligencia de las fuerzas armadas en las labores de prevención y combate del delito.
Lo anterior cobra una importancia notoria ya que los elementos policiales no cumplen con los requerimientos mínimos para asegurar la estabilidad comunitaria. Sin embargo, la realidad nos muestra que la militarización no es la solución.
En concordancia con lo mencionado, el segundo fallo del 21 de diciembre, tuvo que ver con la condena al polémico caso Atenco en donde se pudo verificar la violencia de género y nuevamente, la ineficacia castrense al perpetrar una serie de hechos lamentables cuya acción no tiene justificación; provocando un antecedente más en pro de la inoperancia de militares en tareas de protección civil.
El Gobierno entrante debe tomar en serio el debate; sin duda fue un golpe decisivo que no podía esquivarse; con datos palpables, testimonios y con la opinión experta, se ha podido objetar desde el 2006 que no podemos convivir con la milicia y su formación rígida. Una nación que no puede salvaguardar la integridad de sus connacionales está destinado al fracaso por lo que invito a la administración gubernamental a fundar correctamente su exposición de motivos y tomar la decisión acertada para evitar las arbitrariedades en detrimento de los derechos humanos.
