En el corazón de las negociaciones sobre la reforma al régimen de subcontratación se encuentra, indirectamente, el estira y afloje sobre el concepto y monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa o PTU. Este derecho laboral que exige que las empresas paguen a sus trabajadores el 10% de sus utilidades y que está previsto y regulado en el artículo 123, apartado “A”, fracción IX de la Constitución Mexicana y en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, tiene una larga historia internacional y debe ser analizado bajo diferentes puntos de vista, incluyendo, pero no limitado al de justicia social y competitividad empresarial.
El primer ejemplo conocido de PTU parece se dio en 1797 cuando Albert Gallatin estableció un plan de participación en las utilidades para los empleados de su fábrica de vidrio en Pensilvania. A su vez, generalmente se reconoce al economista Alemán J.H. von Thunen como el padre teórico del concepto, que se basó en que la PTU era necesaria como medida de justicia social que empoderaría a los trabajadores. Así, en E.U.A. y en Europa se propagó de manera importante la existencia de este concepto, con la particular diferencia de que en E.U.A. nunca fue obligatorio, pero en Europa si lo fue en diferentes lugares y momentos.
En México, dadas las graves diferencias sociales de la población, el concepto encontró tierra fértil. En particular en 1856 el legislador Ignacio Ramírez configuro el concepto como la medida ideal para logar emancipar a los jornaleros de los capitalistas, pues permitiría –según el- convertir el trabajo en capital. Así las cosas, desde 1917 se incluyó el concepto en la Constitución, pero fue hasta 1962 fue que se plasmó en la Ley Federal del Trabajo y se hizo realmente operativo.
Ahora bien, lo que nació como un derecho social se ha vuelto un tema controvertido pues, al no estar la PTU directamente relacionada con la productividad generada por los trabajadores y al determinarse sobre una base que no necesariamente refleja la verdadera ganancia que tienen las empresas, se ha vuelto en muchas ocasiones un factor que afecta negativamente la competitividad industrial del país. En el contexto de globalización y automatización de la industria, se han incrementado las presiones para las compañías y las opciones geográficas que tienen para instalarse.
El reto que ahora tenemos como mexicanos es entender que, si bien por supuesto debe buscarse una estructura donde se mejore sustancialmente la remuneración que reciben los trabajadores, la misma tiene que diseñarse entendiendo que no somos el único destino al que puede llegar la inversión y que, si esa inversión no llega y no se generan más empleos, por mucha PTU que prevean las leyes, en la práctica no le estaremos haciendo ninguna justicia social a los trabajadores.