México pisa terreno fangoso en El Salvador: Daniel Lizárraga

Daniel Lizárraga

México se ha involucrado de lleno en un asunto que se dirime en El Salvador al otorgar el estatus de refugiado por persecución política al exministro Obras Públicas, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez a quien se le pretende llevar a juicio por haber cobrado sobresueldos durante el gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) encabezado por Mauricio Funes, quien a su vez fue acogido en Nicaragua por la misma razón.

Desde hace por lo menos un par de meses el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele ha emprendido una oleada de detenciones contra exfuncionarios del FMLN y también del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por haber cobrado sueldos al margen de la ley y, desde luego, evadiendo impuestos.

Y este justamente es el ojo del huracán: para el bukelismo no hay duda de que, durante los gobiernos anteriores violaron la Ley de Salarios mientras que, para la oposición, se trata de una persecución política porque ese tipo de pagos está permitido por Hacienda.

¿Quién tiene la razón? Es difícil saber cómo resolverán esto los tribunales en El Salvador y, en este mismo tenor, otorgar el estatus de refugiado político a un exfuncionario que pudiera resultar culpable es jugar al filo de la navaja diplomática.

En este momento no es lo mismo El Salvador que Nicaragua donde Daniel Ortega ha encarcelado a cualquier persona que se atreva a criticarlo y, sobre todo, que pretenda pelear la presidencia en las elecciones de noviembre venidero. Y, si bien el mandatario Nayib Bukele no es precisamente un ejemplo respecto a su trato con los medios de comunicación, la situación no puede equipararse.

En El Salvador, durante años, en El Faro se ha documentado y, sobre todo, denunciado la práctica de cobrar sobresueldos que no están previstos en la ley.

En este momento el gobierno de Bukele ya solicitó órdenes de captura contra Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.

Además, ya están en prisión Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.

Desde luego, el FMLN y ARENA han acusado al gobierno de Bukele de haber emprendido una persecución de corte político. Esto será materia de un amplio debate, pero sin duda, el tema de los sobresueldos en El Salvador no puede negarse.

El problema se ha extendido a tal punto que, recientemente, el gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Sánchez Cerén, su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez.

Mientras tanto, el gobierno de México ha tomado partido sin emitir una postura oficial sobre qué razones o motivos pesaron para considerar que Manuel Orlando Quinteros Aguilar es un perseguido político. El principio diplomático de no intervención también debería venir acompañado de la rendición de cuentas.