Los días 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero fueron desaparecidos, seis personas perdieron la vida, y muchos más resultaron heridos.

Aquellos acontecimientos serán recordados por haber puesto de manifiesto una grave crisis institucional y de derechos humanos que lastimó no sólo a 43 jóvenes y a sus familias, sino a la sociedad entera.

Esta crisis evidenció las enormes deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia que, a nueve años de la tragedia, sigue envuelto en especulaciones, sin resultados concluyentes, y sin haber brindado las garantías una verdadera justicia restaurativa y del debido proceso.

Quedan dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad pública federales y locales, así como del ministerio público, de los actores intelectuales y materiales, así como del debido proceso y la integración del expediente.

Investigar a “fondo” la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, conocer la verdad y castigar a los responsables, forman parte de los 100 compromisos realizados el 1 de diciembre de 2018 por el Presidente de la República.

Sin embargo, faltando poco más de un año de que el primer mandatario concluya su encargo, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes), creado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para el caso Iguala, abandonó nuestro país el mes de julio pasado, denunciando la obstrucción y falta de transparencia de las Fuerzas Armadas en la Investigación.

Además de lo anterior, el GIEI también evidenció la falta de compromiso del Gobierno Federal para acceder a registros militares que darían luz a los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A pesar de todo ello, el Presidente insiste en asegurar que la desconfianza que se tiene al ejército no tiene fundamento, sin embargo, también la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas lamentó que las fuerzas armadas no hayan brindado la información necesaria al GIEI, para “profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes”.

Hoy quiero sumarme a este rechazo por la falta de transparencia y compromiso del gobierno federal, que se negó a contribuir con el GIEI. No se puede cerrar la investigación por una simple y elemental razón: No hay certeza sobre el paradero de los 43 jóvenes.

Estas violaciones en materia de derechos humanos, reclaman la suma de esfuerzos y alzar la voz en beneficio de toda nuestra sociedad.

La tragedia de Ayotzinapa, reclama responsabilidad con el ánimo de asegurar que nunca más, en la historia de nuestro país, se repita una situación tan detestable.

Hoy, nuestra responsabilidad debe ser la búsqueda de la verdad. Una verdad que nos lleve a no dejar las cosas en el olvido sino a procurar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en México. Nunca más.