Por otro lado, en el supuesto de que se apruebe la reforma judicial, la iniciativa privada, tiene una enorme responsabilidad por cuanto ve a la elección de los juzgadores, quienes tendrán que ganarse el apoyo social como si fuera una campaña política; lo anterior, se puede prestar a malas interpretaciones ya que se entiende la prevalencia de intereses personales al financiarse con dicho capital.