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5 de septiembre 2025

Kike Mireles

La reforma judicial de Morena, aprobada en 2024, introdujo la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN a partir de 2025, redujo el número de ministros y reemplazó el Consejo de la Judicatura por un Órgano de Administración Judicial.

Promovida como una medida para democratizar un Poder Judicial visto como corrupto por cerca del 66% de las personas según la es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

La cuestionada reforma no abordó verdaderamente el tema de impunidad, cuya raíz real, está en las fiscalías y los Ministerios Públicos y su actuar.

Norma Piña, ex presidenta de la SCJN, criticó la politización del sistema y propuso fortalecer fiscalías, estandarizar la carrera judicial y mejorar investigaciones, pero fue ignorada, el mensaje era claro, borrón y cuenta nueva de la forma en que MORENA decía y punto.

MORENA se cansó de echarle la culpa de absolutamente todos los errores del sistema de justicia a Norma Piña, pero con su salida, MORENA pierde esta narrativa, ya no hay a quien echarle la culpa, porque ahora serán ellos mismos los responsables de todo lo que pase.

Los datos hoy nos hablan de una impunidad brutal, más del 96% de los delitos no llegan a sentencia, y solo el 4.3% de las carpetas de fiscalías se vinculan a proceso.

Las fiscalías carecen de verde dará autonomía y recursos, y el Ministerio Público enfrenta problemas de saturación y corrupción, de hecho es de las instituciones percibidas por la ciudadanía como las más corruptas con un índice mayor al 58%.

La elección judicial arriesgó politizando la justicia, al debilitar el profesionalismo, sin resolver la ineficiencia investigativa.

Morena, al no reformar fiscalías ni Ministerios Públicos, pierde la oportunidad de atacar la impunidad de raíz y asume la responsabilidad de un sistema que difícilmente cumplirá su promesa de justicia para el pueblo, ahí están los DATOS, porque aquí no sirven los RELATOS.

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