Sergio Arellano/Asesor en derechos humanos
@siarellano5
Se ha hecho una costumbre en nuestro país, resolver toda controversia mediante la violencia. Impera un ambiente de incertidumbre y fragilidad en donde cualquiera de nosotros, estimada o estimado lector, puede ser víctima de una agresión directa. Es el México en el que vivimos. Quienes nos representan, lejos de ser un ejemplo para la comunidad, son los primeros en evidenciar la intolerancia y ambición por el poder. Desde el Senado de la República hasta la Legislatura de Querétaro, hemos visto rodillazos, empujones, descalificaciones, arrebatos, entre otras actitudes que afectan el buen funcionamiento de la democracia.
En el caso particular de nuestro Estado, las y los legisladores se distinguen por la inactividad, no han podido sesionar tras sus diferencias políticas e intereses personales, lo que involucra que el poder legislativo no cumpla con su función primigenia. Para el Congreso queretano es un hecho insólito que se use la alarma contra incendios para suspender sesiones de pleno, que sea motivo de burla que no puedan dialogar y que se roben las urnas y/o documentación ante la falta de acuerdos. Lo que apreciamos esta semana en Querétaro pone en evidencia que no tienen madurez política y no satisfacen su hambre por los puestos públicos; se tiene una ausencia total de civilidad.
¿De qué sirve aprobar reformas para promover la cultura de los mecanismos alternativos, si los redactores son los primeros en violentar los derechos fundamentales? Como sociedad civil tenemos un deber cívico para exigir que, quienes ostentan una representación popular, no vuelvan a repetir en el cargo hasta que demuestren un compromiso directo con la dignidad humana, así como un respeto para quienes les dieron su confianza en las urnas.