Asteriscos: Defensas políticas, fracturas internas y acuerdos a prueba

‘PERSECUCIÓN’

Abigail Arredondo, dirigente estatal del PRI y diputada federal, salió a defender a la familia Calzada y calificó los señalamientos en su contra como “persecución política”. Exigió pruebas y acciones legales, denunció una “guerra sucia” en los medios nacionales y lamentó la supuesta desventaja que enfrentan los partidos de oposición frente al poder. Reconoció que un integrante de la familia Calzada presentó documentación ante la Conagua, pero evitó profundizar en los hechos. Es legítimo exigir evidencia y no linchamientos mediáticos, pero reducir todo a “persecución” y a una supuesta ventaja del oficialismo suena más a escudo partidista que a exigencia de transparencia. De lo contrario, solo alimenta la percepción de que su principal agenda es blindar a los suyos.

Unidad pendiente

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez admitió lo que ya se olía: Todavía no hay acuerdo para asumir la coordinación de la bancada morenista en la LXI Legislatura. Quiere el puesto, pero insiste en que será por consenso de los 11, sin madruguetes ni imposiciones. Después de la cuestionada elección de la mesa directiva, reconoció que la unidad no existe. Ahora promete “platicar” en los próximos días para construirla. Palabras sensatas, sin duda, pero también una confesión preocupante: si ni siquiera logran ponerse de acuerdo entre ellos, ¿cómo pretenden avanzar una agenda legislativa fuerte? Morena ganó votos en las urnas; ahora le urge ganar cohesión en los pasillos del Congreso.

Compromisos bajo lupa

Los empresarios de restaurantes, bares, antros y entretenimiento hicieron lo correcto al sentarse con el Gobierno del estado y comprometerse a blindar sus establecimientos: sin menores adentro y cero alcohol para jóvenes. El secretario Eric Gudiño lo resume como coordinación real, inspecciones permanentes de Riesgos Sanitarios y trámites más ágiles. No es un detalle menor. En un sector que vive de la noche, proteger a los adolescentes y combatir el alcohol adulterado no es solo obligación legal; es responsabilidad social y, de paso, buena estrategia turística. Ahora falta lo más difícil, que el acuerdo no se quede en firmas y fotos. Si se hace bien, ganan los jóvenes, los negocios y el Estado; si no, solo habrá sido otro anuncio bonito.