Pedro Zenteno/La vivienda como justicia social
El compromiso transformador de la presidenta Claudia Sheinbaum
del mandato constitucional a la construcción del bienestar
La historia de los derechos sociales en México puede leerse como la historia de una aspiración permanente: convertir la dignidad humana en una realidad concreta. Desde la Constitución de 1917, la Nación asumió la responsabilidad de construir un Estado comprometido con el bienestar de las mayorías. Décadas después, la incorporación del derecho a una vivienda adecuada en el artículo 4º constitucional reafirmó esa convicción: ningún proyecto de Nación puede considerarse plenamente democrático si millones de personas carecen de un hogar digno.
La vivienda no es únicamente una estructura física. Es el espacio donde se construye la familia, donde se transmiten valores, donde se desarrolla la infancia y donde se consolida el patrimonio que ofrece seguridad a las futuras generaciones. Hablar de vivienda es hablar de estabilidad, de igualdad de oportunidades y de justicia social.
Por ello, la política habitacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa uno de los proyectos más trascendentes del segundo piso de la Cuarta Transformación. No se trata simplemente de construir casas; se trata de hacer efectivo un derecho constitucional que durante décadas fue relegado por modelos económicos que privilegiaron la rentabilidad financiera por encima de las necesidades humanas.
Los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN promovieron una visión de la vivienda subordinada a las dinámicas del mercado. La política pública se concentró en la colocación masiva de créditos y en la expansión acelerada de desarrollos inmobiliarios frecuentemente alejados de los centros urbanos, de los servicios básicos y de las oportunidades laborales. Miles de familias fueron empujadas a adquirir viviendas en condiciones que terminaron resultando insostenibles.
Las consecuencias fueron evidentes: comunidades fragmentadas, enormes distancias de traslado, deterioro urbano y cientos de miles de viviendas abandonadas. La lógica mercantil sustituyó la lógica del derecho social, la vivienda dejó de ser concebida como un instrumento de bienestar para convertirse en un activo financiero sujeto a intereses privados.
Frente a esa tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una ruta completamente distinta. Su propuesta recupera el espíritu social de nuestra Constitución y coloca nuevamente a las personas en el centro de la política pública. La meta de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio constituye una de las estrategias habitacionales más ambiciosas en la historia reciente del país.
Lo verdaderamente relevante no es únicamente la magnitud del programa, sino su orientación. Por primera vez en muchos años, la política habitacional está diseñada pensando prioritariamente en quienes fueron excluidos durante décadas: trabajadores de bajos ingresos, jóvenes, madres jefas de familia, personas sin acceso a esquemas tradicionales de financiamiento y millones de mexicanos que desarrollan su actividad económica fuera de los sistemas formales de seguridad social.
La visión de la presidenta Sheinbaum parte de una premisa profundamente democrática: los derechos no pueden depender de la condición laboral, del nivel de ingresos o de la capacidad de acceso al crédito bancario. El derecho a la vivienda debe ser universal, y corresponde al Estado generar las condiciones para hacerlo realidad.
Además, la estrategia gubernamental incorpora una dimensión de justicia territorial que durante mucho tiempo fue ignorada. La construcción de vivienda cercana a servicios, infraestructura, transporte y fuentes de empleo busca corregir los errores del pasado y evitar la reproducción de ciudades fragmentadas y excluyentes. Se trata de construir comunidades, no solamente desarrollos inmobiliarios.
Otro aspecto particularmente valioso es la decisión de recuperar y rehabilitar viviendas abandonadas. Esta medida refleja una visión responsable del desarrollo urbano, que privilegia el aprovechamiento del patrimonio existente y combate el desperdicio de recursos generado por modelos de planeación deficientes. Al mismo tiempo, la regularización masiva de propiedades permitirá brindar certeza jurídica a millones de familias, fortaleciendo su patrimonio y ampliando su seguridad económica.
La política de vivienda impulsada por la presidenta Sheinbaum también posee una profunda dimensión económica. Cada vivienda construida genera empleo, activa cadenas productivas, impulsa la industria nacional de materiales y fortalece los mercados regionales. La inversión social se convierte así en motor de crecimiento económico, demostrando que la justicia social y el desarrollo no son objetivos contrapuestos, sino complementarios.
En este sentido, la estrategia habitacional forma parte de una visión más amplia de prosperidad compartida. Mientras el neoliberalismo sostuvo que el bienestar de las mayorías surgiría automáticamente de la acumulación de riqueza en unos cuantos sectores, el humanismo mexicano propone que el crecimiento económico debe traducirse directamente en mejores condiciones de vida para la población.
La vivienda es quizás uno de los ejemplos más claros de esta filosofía. Una familia que accede a un hogar digno mejora su calidad de vida, fortalece su patrimonio, incrementa sus oportunidades de desarrollo y contribuye a la estabilidad social de su comunidad. El beneficio individual se transforma en bienestar colectivo.
Por ello, la política de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum merece ser entendida como una de las expresiones más concretas del compromiso transformador de su gobierno. No es una medida aislada ni una simple acción administrativa. Es una apuesta de largo plazo por la igualdad, la dignidad y la cohesión social.
México vive un momento en el que los derechos sociales están dejando de ser promesas para convertirse en realidades. La construcción de millones de viviendas, la incorporación de sectores históricamente excluidos y la recuperación del papel rector del Estado en materia habitacional constituyen señales inequívocas de esa transformación.
Cuando una familia recibe las llaves de una vivienda digna, no solamente accede a un inmueble. Accede a una nueva posibilidad de futuro. Y cuando millones de familias tienen esa oportunidad, lo que se construye no son únicamente hogares: se construye una Nación más justa, más igualitaria y más humana. Ese es, precisamente, el sentido profundo de la política de vivienda que hoy impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum: hacer de la justicia social un espacio habitable para todas y todos los mexicanos.
