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Diputados buscan garantizar la pensión alimenticia

Foto: Especial
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Ambas iniciativas fueron presentadas por el diputado Ricardo Caballero con la finalidad de proteger a los menores y garantizar su acceso a los alimentos Khalid Osorio El diputado Ricardo Caballero presentó una iniciativa de ley para que la pensión alimenticia en el estado esté garantizada desde el nacimiento de los niños, hasta que cumplen la … Leer más

Ambas iniciativas fueron presentadas por el diputado Ricardo Caballero con la finalidad de proteger a los menores y garantizar su acceso a los alimentos

Khalid Osorio

El diputado Ricardo Caballero presentó una iniciativa de ley para que la pensión alimenticia en el estado esté garantizada desde el nacimiento de los niños, hasta que cumplen la mayoría de edad, entre los cambios que contempla es que el monto otorgado sea retroactivo cuando se determine la paternidad, además de hacer obligatoria la presentación de un certificado de no adeudo de pensiones alimenticias para contraer matrimonio nuevamente en el estado de Querétaro.

Deudores de pensión, no saldrán del país

Actualmente se contempla un retroactivo de cinco años a partir de que un juez determina que se debe otorgar la pensión alimenticia, por lo que de aprobarse se puede recuperar una mayor cantidad de dinero, que dijo, debe ser orientada a garantizar las condiciones de vida del menor. Asimismo indicó que analizará realizar un exhorto para que se pueda tropicalizar la medida en otras entidades a través de un padrón nacional de deudores alimentarios.

Yo creo que también se podría tropicalizar a nivel nacional este tema. Buscaría meter un exhorto para que sea una base de datos nacional”, indicó Ricardo Caballero.

Asimismo ingresó una segunda iniciativa para que los servicios de cobranza en la entidad no realicen cobranzas extrajudiciales ilegítimas utilizando la violencia, el hostigamiento y la intimidación como herramientas para recibir el pago de la deuda. Se propone establecer como un delito penal a quien realice estas prácticas, con una pena de seis meses a dos años de prisión.

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Indicó que muchas de las deudas en las que se aplica este tipo de hostigamiento son contra personas que no adquieren las deudas sino contra familiares o dueños de los domicilios que fueron registrados por los deudores, por lo cual se vulnera la tranquilidad de las personas través de las acciones ejercidas por los bancos o despachos de abogados.

La intención es inhibir en la medida posible el cobro de deudas con uso de violencia y que los despachos no causen agravios a los familiares, avales o terceras personas que tienen relación con ellos. No limitándoles su derecho a requerir el pago a los deudores, siempre y cuando lo hagan de una manera respetuosa y por la vía legal”, expresó el diputado.

AMIP.

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