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AMDA, contra apertura de frontera

Boundary line between United States and Mexico, from San Diego looking at Tijuana Revolucion Arch
Boundary line between United States and Mexico, from San Diego looking at Tijuana Revolucion Arch

Gonzalo Flores La probabilidad de abrir la frontera de México y Estados Unidos, como lo ha anunciado el gobierno federal, provocará el ingreso de contrabando o “autos chocolate” que entran al país de forma ilegal, situación que afectará gravemente al sector, señaló Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) en … Leer más

Gonzalo Flores

La probabilidad de abrir la frontera de México y Estados Unidos, como lo ha anunciado el gobierno federal, provocará el ingreso de contrabando o “autos chocolate” que entran al país de forma ilegal, situación que afectará gravemente al sector, señaló Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) en Querétaro.

“En medio de la crisis pensamos que el acceso de estas unidades para acá sería pésimo, hay una parte donde se pueden legalizar, pero que se hagan conforme a derecho, no hacia los autos chocolates o lo que ahora vamos a llamar auto de contrabando”, consideró.

Agregó que son “un sector importante en el país, además de contribuir con 2 millones de empleos en el país, generamos parte de esta economía que hoy está afectada”.

Rodríguez Miranda explicó que la pandemia provocó un decremento económico del 35 por ciento al sector al cierre de 2020 y sólo se ha tenido una recuperación de 2.3 por ciento en lo que va de 2021.

La apertura de la frontera podría afectar a las 78 agencias distribuidoras de autos que operan en Querétaro, que generan 8 mil empleos.

Los estados de la frontera norte, así como Zacatecas, de acuerdo con la dirigente estatal, serían los más vulnerables para el ingreso de autos de contrabando.

“Solicitamos al Senado que no pasen los autos chocolate. La introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero, es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 al 2011”, destacó.

El sector automotriz han solicitado una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exponer las repercusiones de regularizar estas unidades.

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