Arturo Maximiliano García Pérez, diputado local de Morena, presentó un paquete de iniciativas de ley enfocadas en la pensión alimentaria en Querétaro. Asimismo, destacó que en el estado hay un registro de más de 3 mil deudores alimentarios. Hecho que ha motivado la creación de estas propuestas legislativas.
“La siguiente iniciativa es una iniciativa de ley que adiciona y reforma diversas disposiciones a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro como segunda iniciativa y en esta materia. Como tercera iniciativa, una iniciativa que reforma diversas disposiciones en el Código Penal del Estado de Querétaro en materia de delito de omisión de cuidado”.
Las iniciativas presentadas por el morenista incluyen reformas y adiciones al Código Civil, Código Penal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En particular, la iniciativa que modifica el artículo 96 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, busca homologar el marco normativo en Querétaro con respecto al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es administrado por el Sistema Nacional DIF y tiene como objetivo proteger los derechos de los infantes y promover la responsabilidad parental.
3 mil deudores alimentarios en Querétaro
García explicó que, conforme a la nueva propuesta, quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias por un periodo de 30 días, ya sea por mandato judicial o convenio, serán considerados deudores alimentarios morosos y serán apuntados en el mencionado registro nacional.
“Esta medida busca aumentar la efectividad en la recaudación de pensiones alimentarias”, recalcó.
Además, el legislador de Morena expuso que se propone una reforma al Código Civil que permitirá a los jueces del Registro Civil informar a las personas que desean contraer matrimonio si alguna de ellas está registrada como morosa, señalando el monto de la deuda y el número de acreedores.
“Nos encontramos y pudimos ver, en estos casos, la deficiencia que tiene la ley para garantizar y asegurar pensiones alimenticias. Primero (…) y segundo, para garantizar pensiones alimenticias para las infancias dignas”.