En una decisión histórica, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la derogación del delito de ultrajes, eliminándolo del Código Penal estatal.
Con esta medida, se garantiza el derecho a la libre expresión y se evita criminalizar las críticas hacia las autoridades.
El dictamen, que fusionó propuestas de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, eliminó el Capítulo VI del Subtítulo Segundo, del Título Primero, así como los artículos 126 y 127 del Código Penal mexiquense.
Esta reforma busca alinear la legislación estatal con los principios constitucionales y los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.
Hasta antes de su derogación, el delito de ultrajes castigaba con penas de hasta dos años de prisión a quienes manifestaran expresiones o realizaran acciones que fueran consideradas ofensivas contra instituciones públicas, y con hasta un año de cárcel si el agravio era contra una persona servidora pública estatal o municipal.
Su eliminación representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y evita restricciones desproporcionadas a la opinión pública.
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Desde la LXI Legislatura, MC había promovido esta iniciativa a través del legislador Martín Zepeda Hernández. El diputado Jorge Jiménez Martínez destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional este tipo de figuras penales, argumentando que no deben utilizarse para silenciar las críticas ciudadanas hacia el gobierno.
Con esta reforma, el Estado de México se suma a la tendencia nacional de garantizar el escrutinio público y el debate abierto como pilares de la democracia.