Por primera vez, los pueblos indígenas y afromexicanos del Estado de México recibirán apoyo económico directo para impulsar su desarrollo, sin la intervención de intermediarios.
A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), más de 600 comunidades podrán decidir en qué invertir los recursos que les corresponden.
Desde el Centro Ceremonial Otomí y frente a más de cinco mil representantes de pueblos originarios —nahuas, matlatzincas, mazahuas, tlahuicas y otomíes— la gobernadora Delfina Gómez Álvarez calificó este hecho como “un acto de justicia y autonomía verdadera”.
Más de cinco mil representantes de los pueblos originarios se reunieron en Temoaya para recibir el anuncio. Foto: Especial
Sin intermediarios y con transparencia
La entrega se realiza directamente a las comunidades beneficiadas mediante tarjetas personalizadas, eliminando intermediarios.
Los recursos podrán utilizarse en obras comunitarias, servicios básicos o inversiones sociales, según decidan los propios habitantes a través de asambleas.
“Hoy ustedes mandan, ustedes planean, ustedes ejecutan. Esto es un parteaguas en la historia del país”, dijo la Gobernadora.
Además, se establecieron Comités de Control y Vigilancia, integrados por las propias comunidades, que vigilarán el buen uso del dinero público.
Las tesoreras, por decisión colectiva, serán mujeres elegidas por cada comunidad, fortaleciendo también el liderazgo femenino.
La gobernadora Delfina Gómez entrega tarjetas FAISPIAM a comunidades indígenas en el Centro Ceremonial Otomí. Foto: Especial
Reconocimiento pleno
“Este fondo es una herramienta de transformación profunda. Ya no más decisiones desde el escritorio. Hoy las comunidades construyen su camino”, subrayó Delfina Gómez.
Al evento acudieron autoridades federales, estatales y locales, como el delegado federal Ernesto Armendáriz, el director del INPI Gerardo Albino González, y el secretario estatal de Bienestar, Juan Carlos González Romero. Todos coincidieron en que se trata de una nueva era en la relación gobierno-pueblos originarios, basada en la confianza, respeto y autonomía.